De zapatillas a latas: los últimos escondites más llamativos para colar móviles en la cárcel de Topas

Un interno no puede poseer un teléfono móvil en la cárcel. Eso es lo que recoge el reglamento penitenciario, sin embargo son múltiples las artimañas que los reclusos han utilizado en los últimos años para introducirlos en las celdas del Centro Penitenciario de Topas, donde se incautan centenares de ellos al año, muchos son requisados en los cacheos e introducidos durante las visitas o paquetes.

Por tales motivos, desde el sindicato Acaip destacan que la falta de inhibidores o el deterioro de los mismos—aparatos que quitan la cobertura y proporcionan protección contra el uso no autorizado de teléfonos móviles y otros mecanismos de comunicaciones, como drones—, permite a los presos utilizar estos terminales con más facilidad. «No solo ocurre en Topas, sino a nivel nacional. Se instalaron en el año 2007-2008 y muchos no se han renovado. En esos años tendríamos 2G y ahora 5G, por lo tanto sino se tiene un aparato actualizado, es como no tener nada. Están obsoletos. Es un problema de presupuestos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias», detallan desde Acaip.

Tanto en la prisión salmantina como en el resto de centros penitenciarios del país, acceder a su interior con objetos que no están permitidos no es tarea fácil. Hay que superar severos controles de seguridad, como un escáner y los cacheos de los funcionarios, sin embargo a menudo se consigue burlar los controles y los funcionarios se encuentran con móviles en los más sorprendentes escondrijos. Un libro, un aparato de radio, una lata o una simple zapatilla son aprovechados por los visitantes que agudizan su ingenio para colar los terminales en el penal. Así como en las cavidades del cuerpo. Aunque requisar móviles a los internos se haya convertido en una tarea casi cotidiana para los funcionarios de esta prisión y el resto del territorio nacional, el uso de teléfonos por parte de los internos implica peligros, destaca un portavoz del sindicato Acaip: « Pedimos que funcionen porque así nos evitaríamos problemas de tráfico, como envíos de droga, entre muchos otros».

Además, a menudo los teléfonos plantean problemas entre los internos, por los que ha llegado a haber agresiones al ser un preciado objeto en el penal, que los 'afortunados' propietarios alquilan o venden a sus compañeros a cambio de otros servicios o bienes.

En el año 2019, la proliferación de los terminales en miniatura invadió la prisión salmantina. Su pequeño tamaño permitía a los reclusos esconderlos en cualquier recoveco. En paquetes de pan de molde, ocultos en la suela de la zapatilla, en una rendija de ventilación o incluso despiezados como si de un MP3 se tratara. La proliferación de estos del tamaño de un mechero, fácilmente ocultables, llegó a las cárceles españolas, por lo que los funcionarios cada vez lo tienen más difícil a la hora de dar con uno: cualquier recoveco es válido.

Tal y como publicó este medio, su diminuta medida no guarda relación con el precio que estos terminales pueden alcanzar dentro de la prisión. «Si fuera cuestan 20 euros, dentro pueden costar 200 o 300, además de lo que cuesta cada llamada, ya que también se pagan», comentaban fuentes penitenciarias.

Según datos de los sindicatos Acaip-UGT, los funcionarios de prisiones incautaron 10.275 móviles en los últimos cinco años en las inspecciones realizadas dentro de las cárceles españolas para detectar este tipo de objetos prohibidos. En 2022 se incautaron 2.733 aparatos, lo que supone una media de 7,5 cada día.

En general, los internos temen poco al castigo pese a que se trata de una conducta ilícita y sancionable. Está considerada en el régimen disciplinario de prisiones como una infracción grave –y no muy grave– que acarrea como sanción la privación de paseos y actos recreativos comunes hasta 30 días.

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