El empresario salmantino implicado en la trama de hidrocarburos, a juicio por no pagar a sus acreedores

El empresario salmantino detenido el pasado mes de octubre tras un registro en su negocio de San Cristóbal de la Cuesta e implicado en la trama de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, F.A.V. , será juzgado este martes, día 14, por un delito de frustración de la ejecución. La Fiscalía le solicita dos años y seis meses de prisión, además de 18 meses de multa con una cuota de 12 euros diarios (6.480 euros).

Junto a él se sentará en el banquillo una mujer, M.R.R.M., que está acusada del mismo delito y para la que se pide la misma pena. Les pide a ambos además que indemnicen con 443.000 euros al perjudicado. La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para el próximo martes, día 14, el juicio contra ambos.

La Fiscalía dirige la acusación contra F.A.V. y M.R.R.M., ambos con antecedentes penales aunque no computables en esta causa. Según relata la Fiscalía en su calificación provisional, a la que ha tenido acceso LA GACETA, puestos de común acuerdo, el 30 de octubre de 2018 realizaron dos contratos de préstamo con el perjudicado y dos empresas de su propiedad, a través de los cuales el afectado concedió 443.000 euros en total a la mercantil de los acusados. Lo hicieron con la finalidad de que dicha empresa pudiera concurrir y adquirir en subasta un complejo deportivo, lo que efectivamente ocurrió, constituyendo este complejo el único activo patrimonial de la sociedad de los acusados.

Posteriormente, y con el fin de colocarse en una situación de insolvencia que hiciera sumamente difícil, sino imposible, la devolución del préstamo, señala el Ministerio Público, los acusados vendieron a través de escritura pública de fecha 29 de octubre de 2021 la mitad proindivisa del complejo deportivo a otra mercantil por el precio de 365.000 euros, cantidad que no ingresaron en su sociedad, sino que lo hicieron en una cuenta personal de F.A.V.

Asimismo, y con la misma finalidad de continuar en esa situación de insolvencia que hiciera sumamente difícil, sino imposible, la devolución del préstamo, los acusados en fecha 22 de abril de 2022 aportaron la mitad proindivisa que conservaban del complejo deportivo a otra mercantil, recibiendo a cambio la atribución de participaciones sociales de una compañía compradora.

Los delitos de frustración de la ejecución consisten en una serie de conductas por parte del deudor encaminadas a tratar de evitar, o al menos obstaculizar, que el acreedor pueda satisfacer su crédito.

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