Rafael Mozo: «Si no dimite el fiscal general del Estado, sus razones tendrá. A mí me merece mucho respeto»

Rafael Mozo habla con orgullo de su determinación de haber pasado por las aulas de la Universidad de Salamanca: «una de las mejores decisiones profesionales que he tomado», repite una y otra vez. Presidió el Consejo General del Poder Judicial sin esperarlo tras la dimisión de Carlos Lesmes y cuando su mandato como vocal ya había expirado. Hoy, fuera del órgano de gobierno de los jueces, habla con franqueza de los temas de actualidad más polémicos, como la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García, al que defiende como un buen profesional y compañero.

Usted nació en un pueblo de la serranía de Cuenca, ¿por qué decidió venir a estudiar Derecho a la Universidad de Salamanca?

—Yo me había informado y sabía que tenía mucho prestigio y mucha fama la facultad de Derecho de Salamanca. Además, tenía algunos amigos que estaban estudiando ya en la Universidad Pontificia y me hablaban del buen ambiente que había. Salamanca para mí era como un plus y nunca me he arrepentido. De las mejores decisiones que he tomado en mi vida profesional han sido hacer Derecho en Salamanca y hacer la posición de judicaturas. Las he tomado yo, no las decidieron mis padres allá en el pueblo.

Estudió en Salamanca, pero luego decidió marcharse a Madrid para estudiar la oposición porque no tenía el ambiente adecuado para el estudio intenso.

—La oposición de judicaturas es muy dura. Hay que llevar un método y una disciplina bastante exigentes para prepararla. Yo estuve en un colegio mayor los primeros años, pero luego me fui a un piso, con lo cual no tenía el tiempo disponible entre comidas y demás. Y luego también en aquellos años continuaba prácticamente con la vida que llevaba en la facultad con los amigos.

Tras la renuncia de Carlos Lesmes, en octubre de 2022, como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial le tocó asumir la presidencia del CGPJ de forma interina, ¿cómo fue la experiencia?

—Fue una etapa corta, sí, pero intensa, porque ya en esa etapa el consejo estaba disminuido en cuanto al número de vocales, por lo tanto el consejo no estaba en su plenitud de vocales y luego había una problemática bastante complicada. Por ejemplo, teníamos pendiente de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

A usted se la ha vinculado con los jueces progresistas, más bien de izquierdas, pero sin embargo, ha llevado a cabo en su corto período al frente del Consejo General del Poder Judicial algunas decisiones que no gustaron a Pedro Sánchez. Por ejemplo, usted defendió seguir nombrando a jueces a pesar de estar en funciones y el Gobierno en ese momento no quería.

—Vamos a ver, no es que yo vaya en contra de unos ni de otros, pero no cabe duda de que una de las principales competencias del consejo es el nombramiento de magistrados y entre ellos los del Tribunal Supremo. Es verdad que la finalidad no estaba pensada para un CGPJ que llevaba varios años en funciones y que se tenía que haber renovado, con lo cual, es verdad, que nuestro mandato había expirado ya con creces. Había muchísimas vacantes en el Supremo y no tenía más remedio que nombrar jueces o que nos renovaran a nosotros. La renovación es un problema de los dos partidos mayoritarios.

¿Ese reparto entre los partidos no perjudica a la imagen de independencia de la justicia?

—No, no, lo que perjudica la imagen de la justicia es la no renovación.

¿Pero el hecho de que se repartan los «sillones» los dos partidos políticos, ese sistema, no menoscaba la independencia judicial?

—Yo creo que no. El sistema del nombramiento de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento, doce entre jueces y magistrados y ocho entre juristas de reconocida competencia creo que es más legítimo y más puro. Otra cosa es cómo se haga. Pero ese sistema funciona y puede funcionar. Ahora claro, es por cinco años y yo, por ejemplo, he estado nueve años y medio y otros compañeros han estado más de diez años.

¿Está politizada la justicia?

—No, la justicia no está politizada. La justicia es independiente. Los jueces en general funcionan perfectamente. Hay un nivel profesional bastante bueno de formación. Ahora, ¿qué ocurre?, que por algunos asuntos que pueda haber sueltos por ahí, se pueden extrapolar y llegar a las conclusiones que no son. Pero para mí los magistrados en general merecen mucho respeto y hacen las sentencias como deberían hacerlas. Yo he estado 30 años dictando sentencias y los 10 últimos en el Consejo y a mí nadie me ha llamado interesándose por un asunto. Jamás. Es decir, he sido libre para hacer lo que tenía que hacer, fundando la sentencia de acuerdo con la ley en órgano unipersonal y en órgano colegiado, pues con los compañeros.

En el último año se ha vivido una de las crisis más graves del sistema democrático con la conocida Ley de Amnistía. Incluso hubo manifestaciones de sus propios compañeros, jueces y fiscales, porque entendían que se vulneraba la división de poderes. ¿Cree que se vulnera la división de poderes?

—Yo, personalmente, creo que no. Vamos a ver qué dice el Constitucional. Por cierto, esa mención que se hace a mis compañeros, manifestándose a la puerta de los juzgados o de las audiencias creo que no se debe hacer nunca. Porque esos jueces son los que después tienen que aplicar la ley y se están ya predisponiendo. Para mí, a priori, fue una anomalía, una precipitación.

¿El Ejecutivo no ha vulnerado parte del papel que le corresponde a los jueces?

—Yo creo que no. Hay que tener en cuenta que los jueces de verdad son independientes y tienen mecanismos de protección. Si un juez se siente de alguna manera invadido o perturbado puede acudir al Consejo y pedir amparo. No me consta que últimamente nadie haya pedido amparo al Consejo.

Le voy a leer una frase que no sé si está de acuerdo con ella: «La justicia no es gusta si es lenta».

—Es evidente que la justicia debe ser rápida. La idea la entiendo, pero lenta, lenta… La justicia debe durar el tiempo que necesariamente se requiera para dictar resoluciones fundadas. Pero claro, hay procedimientos que son necesariamente largos, porque hay muchos implicados. Eso no quiere decir que sea injusta. Es decir, debe haber una proporcionalidad entre la complejidad del asunto y el tiempo que se tarda.

Es la primera vez en democracia que el Fiscal General del Estado está imputado, ¿debe dimitir?

—Vamos a ver, conozco a Álvaro García desde los últimos años cuando estuve en el Consejo y siempre lo he visto como una persona bastante preocupada por el funcionamiento de la justicia, por los medios y para mí es una persona que me merece mucho respeto. ¿Tenía o no tenía que dimitir?, es algo muy personal, pero lo que sí le digo es que sus razones tendrá para no dimitir. Insisto, a mí me merece mucho respeto porque lo conozco como compañero. Para mí es un buen profesional.

Pero es una anomalía, no ha pasado nunca en democracia que el fiscal general esté imputado.

—No, no ha pasado nunca y tampoco ha pasado nunca, y yo lo lamento, que muchos de sus compañeros le hayan pedido que dimita. Sí, sí, sí, eso es otra anomalía. O sea, que una asociación de fiscales pida al fiscal general que dimita, que se persone en el procedimiento penal contra él…Es anómalo. A mí esas cosas me rechinan.