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La tranquilidad y buena sintonía con la que ha arrancado el nuevo curso escolar en la provincia de Salamanca —salvo pequeños incidentes con una de las aplicaciones del profesorado en la puesta en marcha del nuevo curriculum de la FP— podría verse alterada en los próximos meses si la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no atiende las peticiones de los docentes, especialmente la vinculada al incremento salarial.
Así lo reconoce a LA GACETA el vicepresidente provincial del sindicato independiente ANPE, para quien el presente curso podría resultar «calentito» si desde el Ejecutivo regional no se atienden sus peticiones laborales. Javier Riesco subraya que la propuesta, que aún está por elaborarse, contará con el apoyo de todos los sindicatos y será elevada a la próxima mesa sectorial que tendrá lugar, tras el parón vacacional, este mes de octubre. «Es algo que tenemos muy claro todos los sindicatos», apostilla Riesco, quien reconoce que aún falta la reunión conjunta para elaborar la propuesta definitiva.
Y es que una vez conseguida la consolidación laboral a través de las oposiciones ya celebradas, el siguiente e «ineludible» paso será la equiparación salarial. «Y no va a ser una propuesta para una parte determinada de los docentes, sino que la petición de subida será para todo el sector en función de los niveles», aclara el vicepresidente provincial de ANPE.
El representante de este sindicato independiente confía en «la buena disposición de la Consejería de Educación» para afrontar esta petición. «En anteriores encuentros mostraron su intención de negociar; dependerá de ellos, pues de no ser así, el profesorado está dispuesto a movilizarse a través de concentraciones y manifestaciones», anuncia Javier Riesco, consciente de que la pelota está en el tejado de la Consejería. «De ellos depende que este curso sea movidito o no», apostilla.
La propuesta de subida salarial que llevarán los sindicatos a la próxima mesa sectorial pretende que su aplicación sea inmediata, es decir, que los aumentos sean ya efectivos a partir del mes de enero de 2025. Y es que según denuncian los sindicatos, un profesor de Castilla y León puede llegar a cobrar hasta 600 euros menos que en otras autonomías, aunque la media se sitúa en más de 300 euros.
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