El Ministerio responde a la batería de preguntas sobre el centro de inmigrantes de Puente Ladrillo

Ya hay respuesta para la batería de preguntas que los parlamentarios del Partido Popular por Salamanca registraron en el Congreso de los Diputados con el fin de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclarase su proyecto para el edificio de la antigua residencia de San Juan de Sahagún. No obstante, la contestación del departamento que dirige Elma Saiz no aporta demasiada claridad sobre el centro de inmigrantes proyectado en la carretera de Aldealengua. Aunque no de forma directa, sí se desmarca del informe que la empresa pública Tragsa presentó en el Ayuntamiento, en el que se precisaba que las instalaciones se acondicionarían para alojar hasta 448 personas y que, como pronto, estarían listas este mes de mayo.

La Secretaría de Estado de Migraciones explica, en la respuesta por escrito a la que ha tenido acceso este periódico, que dispone de la cesión del antiguo edificio situado en el barrio de Puente Ladrillo desde finales del año pasado. «Como se ha mantenido desde un primer momento, su uso se integrará en el sistema de acogida estatal», señala. No obstante, recalca que «la tipología del recurso, los plazos establecidos para el mismo, así como el número de plazas no están decididos», una afirmación que ha reiterado desde que en febrero este periódico se puso en contacto con el Ministerio, pero que contradice el informe elaborado por la empresa pública encargada de la rehabilitación del complejo residencial.

Los parlamentarios populares José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín preguntaron al Ejecutivo central si considera que «el edificio sufre riesgos o daños estructurales». Aunque no responde claramente a la cuestión, sí aprovecha para arremeter contra el Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco. «Hasta el momento, las únicas actuaciones que se han realizado son las de adecuación de las instalaciones, dado el lamentable estado en el que la Junta de Castilla y León dejó el edificio», recrimina en su contestación. En este punto, sí coincide con el documento que Tragsa entregó al Área de Urbanismo del Ayuntamiento, donde se indicaba que la red eléctrica está muy dañada y que el sistema de calefacción —que cuenta con una caldera de gasoil— carece de las tuberías necesarias para la distribución del agua, todo ello, en gran parte, debido a los robos y actos vandálicos sufridos. Sin embargo, la Secretaría de Estado elude responder por qué no informó a la administración autonómica de su intención de reconvertir esta infraestructura en un centro de inmigrantes.

En las antiguas instalaciones de la residencia de mayores de San Juan de Sahagún, no queda rastro de las obras que Tragsa comenzó el pasado febrero por encargo de la Secretaría de Estado de Migraciones. El Ayuntamiento ordenó a la empresa pública paralizarlas al considerar que la declaración responsable presentada no era suficiente para acometer trabajos con un presupuesto superior al millón de euros. Posteriormente, el Área de Urbanismo del Consistorio solicitó la presentación de un proyecto que recogiera la actuación prevista en el recinto, requisito necesario para obtener la licencia de obras. Según fuentes municipales, Tragsa aún no ha presentado dicho documento, por lo que no ha recibido el permiso para retomar unas obras que han generado polémica en Puente Ladrillo, un barrio dividido entre quienes rechazan la instalación del centro de inmigrantes y quienes se muestran favorables a él.

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