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Miguel Ángel Martín Herrero, responsable del área Jurídica de Valentín Gallego Auditores y Consultores.
Miguel Ángel Martín: «La nueva ley concursal no ha sido la salvación esperada para las empresas»

Miguel Ángel Martín: «La nueva ley concursal no ha sido la salvación esperada para las empresas»

El responsable del área Jurídica de Valentín Gallego Auditores y Consultores analiza el impacto de la reforma de la Ley Concursal en la realidad empresarial española

La Gaceta

Sábado, 3 de mayo 2025, 06:22

Desde la última modificación de la Ley Concursal, el panorama jurídico y empresarial en España ha experimentado transformaciones significativas. Sin embargo, como señala Miguel Ángel Martín Herrero, responsable del área jurídica de Valentín Gallego Auditores y Consultores, «el procedimiento concursal no es solución ni para los acreedores ni para el deudor». Según explica, los concursos siguen siendo procesos largos y costosos, donde rara vez los acreedores llegan a recuperar algo de lo perdido.

Martín Herrero subraya que, contrariamente a lo que se esperaba, no ha habido un gran aumento de concursos tras la reforma. «La mayoría de los nuevos concursos son de personas físicas, no de empresas, y muchas compañías intentan evitar el proceso concursal buscando soluciones extrajudiciales más rápidas, como refinanciaciones o venta de unidades de negocio». La explicación, según el jurista, es simple: los concursos, por lo general, llegan tarde, cuando ya no hay activos ni margen de maniobra.

Además, añade que el tejido empresarial en lugares como Salamanca ha disminuido notablemente desde la crisis de 2009. «Muchas empresas desaparecieron y el parque empresarial actual es sensiblemente más reducido. Las que sobreviven, cuando entran en crisis, muchas veces ya no tienen patrimonio realizable ni siquiera para cubrir los costes del procedimiento».

Segunda oportunidad

Una de las promesas más destacadas de la reforma fue la llamada «segunda oportunidad», pensada para permitir que tanto empresarios como particulares puedan dejar atrás sus deudas y empezar de nuevo. En teoría, un mecanismo liberador. En la práctica, matiza Martín Herrero, su eficacia es limitada. «El gran problema es que no exime completamente las deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. Solo se permite exonerar hasta 10.000 euros de cada una. Si superas esa cantidad, como ocurre habitualmente, la situación del deudor apenas mejora».

Sin embargo, para quienes no tienen deudas con estos organismos, sí puede ser una solución eficaz. «Hemos visto casos de personas con deudas de hasta 40.000 euros que han logrado cancelarlas con pagos mensuales de solo 150 euros durante cinco años. En muchos casos incluso pueden conservar su vivienda si continúan pagando la hipoteca, siempre que esté adaptada al valor real del inmueble».

Respecto a los cambios introducidos por la nueva ley, Martín Herrero destaca la sustitución de los antiguos acuerdos de refinanciación por los llamados planes de reestructuración. Estos permiten una mayor implicación de los acreedores, quienes incluso pueden imponer el plan a los socios si así lo decide la mayoría. También se ha previsto un régimen especial para pymes y microempresas, aunque este último aún está en fase de implementación.

Otro avance importante es la figura del «pre-pack», que facilita la venta de unidades productivas antes de entrar en concurso. Una herramienta clave para salvar negocios y, sobre todo, mantener el empleo. «En muchos casos, el empresario pierde todo, pero al menos se salva la actividad y los trabajadores mantienen sus puestos».

No obstante, la utilidad de estas medidas sigue dependiendo del momento en que se actúe. «Más del 90% de los concursos acaban en liquidación. El problema es cultural: en España se acude al concurso cuando ya es demasiado tarde. En los países anglosajones, el concurso es una herramienta para salvar empresas, aquí es una etapa final».

Por ello, su principal recomendación para las empresas en dificultades es la anticipación: «Hay que acudir a expertos en planes de reestructuración antes de que el impago sea generalizado. Si se actúa a tiempo, aún se puede salvar la actividad empresarial. No hacer nada, al final, resulta mucho más caro».

Trabajadores

En cuanto a los trabajadores, el abogado explica que su posición ha ganado protagonismo en los nuevos procedimientos. «Pueden incluso presentar ofertas para adquirir la unidad productiva y, en caso de igualdad con otras propuestas, tienen preferencia». Aunque no todos son incluidos en los procesos de cesión, la experiencia demuestra que los compradores suelen intentar conservar a la plantilla. «Los trabajadores son un activo esencial. No es fácil encontrar mano de obra cualificada y con experiencia».

Un problema emergente que también preocupa a los empresarios es la escasez de personal, a pesar de las cifras de desempleo. «Es una realidad. En Salamanca ya se nota: faltan trabajadores cualificados para algunas actividades. A esto se suma la dificultad de contratar fuera de Europa y la pérdida de mano de obra del Este, como la rumana, que está regresando a sus países».

Finalmente, las condiciones laborales también están cambiando. «Cada vez es más habitual que las empresas se adapten a nuevas demandas como la conciliación familiar. En Madrid, por ejemplo, los viernes por la tarde ya no se trabaja. Y en Salamanca esta tendencia está creciendo».

La reforma concursal, como recalca Martín Herrero, no es una solución mágica. La clave sigue siendo la previsión, la planificación y el asesoramiento especializado.

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