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Miércoles, 10 de julio 2019, 23:24
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La grave crisis en Venezuela y los grupos criminales —paramilitares que extorsionan, raptan y asesinan al margen de la ley en Colombia y las sanguinarias ‘maras’ en El Salvador y Honduras— están detrás del éxodo masivo de ciudadanos iberoamericanos, muchos de ellos con elevada cualificación y formación, que llegan a España y a Salamanca solicitando protección internacional como refugiados.
Las peticiones se han disparado este 2019 —en Salamanca, en medio año, ya se han superado las 200 cuando en todo el 2018 fueron 335— y el sistema de asilo español del Ministerio del Interior no da abasto y acumula miles de solicitudes por resolver en todo el país. Una situación muy grave, según han manifestado las ONG salmantinas en las reuniones del pacto de refugiados con las administraciones, que deja a estas familias en situaciones de “vulnerabilidad extrema”. El Gobierno no les asigna la plaza de acogida —y por tanto no entran en el sistema subvencionado por el Estado que les proporciona a través de Accem, Cruz Roja y Salamanca Acoge la cobertura inicial de necesidades básicas de alojamiento y manutención— hasta pasados cuatro o cinco meses de su llegada a España. Un protocolo que el año pasado se realizaba en 15 días o un mes como mucho.
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