Los indultos del Gobierno en Salamanca
El Ejecutivo ha aplicado esta medida de gracia a medio centenar de condenados en la provincia en 25 años
Jueves, 3 de junio 2021, 23:30
En el último cuarto de siglo, más de medio centenar de condenados a prisión por los tribunales de Salamanca se han liberado de sus penas gracias a una ley que en quince días cumple 151 años. El derecho de gracia que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere conceder a los líderes del “procés”, tiene un carácter excepcional, pero, aún así, se hace más uso de él del que puede parecer. En los últimos 25 años, en España se han concedido más de 10.000 indultos, y, de ellos, más de medio centenar fueron a condenados por los juzgados de esta provincia.
Los más conocidos en la provincia son los que promueve la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestro Padre Jesús del Perdón para que, aunque no todos los años se logre, el Domingo de Ramos un recluso del centro penitenciario de Topas consiga adelantar su libertad. Pero estos, que habitualmente suelen ser para presos que cumplen condenas por delitos contra la salud pública (drogas), representan tan solo una pequeña parte.
La Ley del 18 de junio de 1870, que es la que actualmente está en vigor, no limita el indulto a quienes hayan cometido un tipo concreto de delitos. De hecho, el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero acordó el 26 de septiembre de 2008 aplicar este derecho de gracia a un hombre al que un año antes la Audiencia Provincial de Salamanca había condenado a diez años de prisión por un delito consumado de homicidio y a otros cinco por otro en grado de tentativa. Fue la pena que se le impuso tras considerarle responsable de la muerte de un joven de 19 años durante un tiroteo en La Aldehuela, en el que otra persona también resultó herida. En la propia sentencia, el tribunal ya solicitaba el indulto de una tercera parte de la condena. Y así fue. El Ministerio de Justicia, con Mariano Fernández Bermejo dirigiendo este departamento, le rebajó en cinco años la condena teniendo en cuenta, no solo su arrepentimiento, sino que indemnizó de manera casi inmediata a los familiares del fallecido y a que los magistrados entendieron que había actuado por un arrebato u obcecación, y no por una predisposición. El Real Decreto precisaba que la reducción en las penas privativas de libertad impuestas quedaba condicionada a que no volviese a cometer un delito doloso en el plazo de diez años. Un año después y con Francisco Caamaño Domínguez (PSOE) al frente de la cartera de Justicia, otro autor de un homicidio condenado en Salamanca vio reducidos sus años de prisión en un cuarto de pena.
Pero la ministra que más indultos concedió a salmantinos fue Margarita Mariscal de Gante y Mirón (PP). Y es que 1998 y 2000, cuando ella formaba parte del primer Ejecutivo de José María Aznar, fueron los años de la historia reciente en los que más uso se ha hecho del derecho de gracia que, aunque lo concede el Rey con su firma, su tramitación es competencia del titular de Justicia. Y es que en estos dos años, se otorgaron cientos de indultos a los insumisos que se negaron a cumplir el servicio militar obligatorio o incluso la prestación social sustitutoria. Aunque la mili no se eliminó oficialmente hasta el 31 de diciembre de 2001, el entonces presidente del Gobierno se había comprometido a suprimirlo cinco años antes, por lo que, aunque durante esos años los tribunales seguían condenando a quienes se negaban a hacer el servicio militar, muchas penas quedaban en suspenso ante su inminente desaparición. En Salamanca, al menos, ocho jóvenes se libraron de cumplir dos años, cuatro meses y un día de cárcel gracias a los indultos concedidos por el Ejecutivo.
Fue también Mariscal, junto a Juan Carlos I, quien firmó, el derecho de gracia a un alto cargo de la Junta de Castilla y León condenado por un delito de prevaricación a siete años de inhabilitación. Salvo estos casos, la mayoría de los indultados en la provincia se encontraban en prisión por delitos de robo, estafa, tráfico de drogas o contra la propiedad intelectual, por los que no se superaban los cinco años de prisión.
Pero las ediciones del Boletín Oficial del Estado previas a 1996 también recogen indultos a otros salmantinos. Casi todos habían sido encontrados culpables de robos. De hecho, aún con Francisco Franco como jefe de Estado, en 1975 se redujeron a la mitad los 12 años de cárcel a los que fue condenado un salmantino por malversación de caudales públicos.