La plaga de jabalíes de Salamanca, imposible de frenar por el ‘lío’ judicial contra la Ley de Caza

En la actualidad, los cazadores ya no pueden multiplicar por dos las cacerías colectivas, monterías y batidas, una ventaja para controlar la población de jabalíes que sí se permitía en los tres años anteriores, según confirman desde la sección de Vida Silvestre de la delegación territorial de la Junta. Por tanto, de momento, los titulares de los cotos de caza (en Salamanca hay unos 960 cotos privados) pueden agotar el cupo de cacerías por derecho y si, a mayores, persisten los daños causados por los animales, pueden solicitar a la Junta un aguardo o espera nocturna al jabalí (caza de noche en un lugar donde el animal acude asiduamente).

Cabe recordar que cuando existía la posibilidad de multiplicar por dos las cacerías colectivas, un 20% de los dueños de cotos lo solicitaron. No es fácil ya que en Salamanca el problema de la despoblación en los pueblos afecta a la reducción del número de cazadores y a veces no compensa económicamente organizar una cacería colectiva, además de los problemas con la falta de rehalas (equipos de perros).

Junto con el repunte de accidentes por la superpoblación de jabalíes, existen otros peligros como la transmisión de enfermedades (con la sequía acuden a cercas con poco agua donde también va a beber el ganado porcino). “Cuanto más se cace, mejor. Los jabalíes son un verdadera plaga”, asevera Miguel Lizana, experto en Biología Animal de la Universidad.

Desde la delegación territorial confirman que la sequía está afectando igualmente a otras especies como los conejos, que acuden a los campos de cereal para comer los primeros brotes, por lo que también se puede solicitar una caza por daños.

Fue en el pasado febrero y marzo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a instancias del partido animalista Pacma, paralizó primero la Ley de Caza y después la Orden de Caza. 21 días después, las Cortes Regionales aprobaron la modificación de la Ley de Caza que en la actualidad permite cazar, aunque de forma limitada, mientras se espera que próximamente se presente el Plan General de Caza, cuyo borrador se anunció en junio. Por otro lado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite a principios de septiembre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la modificación de la Ley de Caza, aprobada en marzo en las Cortes.