La Junta investiga la oposición de Medicina filtrada y los médicos planean llegar a la Fiscalía

La Junta de Castilla y León ha abierto una investigación en relación a la presunta filtración del examen en la última OPE de Medicina de Familia.

Decenas de opositores enviaron un escrito de queja a la Dirección General de Profesionales que, a su vez, ha remitido el caso a Función Pública para que indague. “Nos han dicho que sí ven indicios de connivencia entre opositores y algunos de los vocales del tribunal. Van a investigar las conexiones para ver si la conclusión es paralizar la oposición, si es constitutivo de delito o si conviene tomar la decisión de repetir la prueba”, afirman algunos de los médicos que reclamaron días atrás y ahora se han interesado por la investigación.

La mayoría de los sindicatos se mantienen a la expectativa. “El dilema de la Administración es si hacer pagar a justos por pecadores. Hay mucha gente que ha aprobado la oposición legalmente y pueden sufrir las consecuencias de que unos pocos hayan hecho trampa. Es una situación complicada”, reflexionan.

El precedente más claro es de la OPE de Medicina de Familia de 2016, en la que hubo que anular 17 de las 90 preguntas. Aún utilizando las preguntas de reserva, no quedó más remedio que rebajar el aprobado de 41 a 41 aciertos, pero uno de los afectados recurrió la decisión y el Tribunal Superior estableció que “la Administración deberá elaborar un nuevo listado de aprobados teniendo en cuenta que la prueba se supera con 45 respuestas correctas”. Fueron casi 50 los opositores que se quedaron en esa franja entre 41 y 45 aciertos. Resultado: oposición judicializada y todos a la espera.

Además de los médicos que han escrito su queja a Sacyl hay otro grupo de facultativos que están dando unos días de margen para ver si la investigación avanza por sí sola. De lo contrario tienen previsto realizar un recurso de alzada que llegaría hasta la Fiscalía y que daría un giro brusco al caso, ya que se trataría de un tema penal con consecuencias más graves.