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En cinco años, el 19 de noviembre de 2029, caducará la concesión de la autopista AP-6 y desaparecerá el peaje que pagan los salmantinos cada vez que van o regresan en coche a Madrid. El Ministerio de Transportes ha comenzado a preparar el terreno para ese momento, en el que se espera un incremento del tráfico que puede hacer necesario un aumento de las estaciones de servicios, un incremento de carriles o una mejora de los enlaces con otras carreteras. Por 895.097 euros, la Dirección General de Carreteras acaba de adjudicar el estudio informativo «Actuaciones en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 y en la Red de Carreteras del Estado aledaña tras la finalización de la concesión».
Este trabajo, para cuya ejecución la adjudicataria dispone de dos años y medio (hasta mediados de 2027), está encaminado a realizar un diagnóstico de la situación que se producirá cuando estas tres autovías pasen a ser gestionadas directamente por el Ministerio. Ante ello, Transportes pide analizar la «insuficiencia de capacidad de algunos enlaces de las autopistas con otras carreteras» ya que puede derivar en la necesidad de remodelar los enlaces existentes o de implantar otros nuevos en otras ubicaciones, así como la falta de capacidad de los firmes para soportar el mayor volumen de tráfico pesado. También pide a la empresa adjudicataria que analice «la posible necesidad de incorporar carriles adicionales en el tronco de la autopista para mantener un nivel de servicio adecuado». Por otra parte, le encarga un análisis de si serán necesarias más medidas de protección contra el ruido o cualquier otra medida de integración ambiental por el incremento de tráfico, así como estudiar si la AP-6, como parte de la Red Transeuropea de Transporte, contará con los equipamientos mínimos exigidos por la UE en cuanto a áreas de descanso y zonas de aparcamiento seguras que den servicio a los usuarios de la carretera. También si las actuales gasolineras serán suficientes para atender la demanda.
Conforme a los pliegos del contrato el Ministerio de Transportes solicita a la empresa que plantee la creación de más entradas a la AP-6, dado que existen «tramos largos sin accesos, lo que penaliza la conectividad con el entorno de la autopista y dificulta su exploración». Pone como ejemplos los 22 kilómetros que separan San Rafael y Villacastín y los 20 entre Villacastín y Sanchidrián.
Justo antes de las elecciones generales, el Gobierno de Pedro Sánchez dio marcha atrás en sus planes comprometidos con Europa de que las autovías fuesen de pago tras el fin de las concesiones. Pese a ello y cuando faltaban poco más de cinco años para que los salmantinos dejen de pagar por los 75 kilómetros de autopista que recorren cuando van a Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reabrió el pasado abril la polémica al manifestar que «no parece muy justo» que «el camión que viene de Alemania pague a su paso por los distintos países de la Unión Europea hasta llegar a nuestra frontera por usar la vía, pero, cuando llega a España, lo hace gratis». No obstante, matizó rápidamente que, aunque llama a reflexionar sobre este asunto, los planes del Ejecutivo son dejar de cobrar peaje cuando venzan las concesiones.
El 19 de noviembre de 2029 finaliza el contrato de concesión de las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61, a su paso por Madrid, Ávila y Segovia, que pasarán, previsiblemente, a ser gestionadas directamente por el Ministerio sin cobro de peaje. Estas tres se sumarán a otras liberalizadas cuyos contratos de concesión han ido expirando desde 2018. Se trata de la AP-1 (Burgos–Armiñón), la AP-4 (Sevilla–Cádiz), la AP-7 (Alicante–Valencia–Tarragona), la AP-7 (Tarragona–Barcelona) y la AP-2 (Zaragoza–Mediterráneo).
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