Fallos informáticos ponen en riesgo embargos y medidas cautelares

Fallos en el sistema online que permite al ciudadano realizar trámites con el Ministerio de Justicia están poniendo en riesgo el cumplimiento de órdenes judiciales, como la ejecución de embargos o el cumplimiento de medidas cautelares. Así lo denuncia el juez decano de Salamanca, Eugenio Rubio, en la memoria anual de 2024, incluida en el informe anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Conforme a las quejas recibidas por algunos de sus compañeros, el magistrado insiste en que se han observado «disfunciones» que permiten a los ciudadanos acceder a resoluciones antes de que se haya procedido a su notificación, así como a escritos sin proveer. Al tener acceso a estos documentos antes de tiempo y «conocer una resolución que no le interesa recoger, el ciudadano puede dificultar deliberadamente la notificación, o anticiparse a actuaciones procesales aún no realizadas o notificadas, o frustrar actuaciones judiciales», señala Rubio García.

La situación sería similar a cuando, en los procesos electorales, la Policía Local acude a notificar a los ciudadanos que forman parte de una mesa electoral y estos optan por no abrir la puerta para poder alegar que no se les ha comunicado.

El origen del problema está en la denominada 'Carpeta Justicia', un espacio personal online a través del cual se puede consultar el estado de diferentes expedientes tramitados por los órganos judiciales. En esa web habrían aparecido, según algunos magistrados, resoluciones antes de ser comunicadas a los interesados. «De hecho, se han recibido llamadas de teléfono en las que se demuestra conocimiento de un escrito que no ha sido notificado», remarca en su informe, calificando este tipo de filtraciones como un problema grave.

«El conocimiento de una solicitud de medida cautelar inaudita parte —sin oír a la otra parte— haría inefectiva la medida, o el conocimiento de una solicitud de embargo (o una resolución de embargo sin notificar) podría hacer inefectiva la ejecución».

Ante ello, en su memoria, el juez decano de los Juzgados de Salamanca reclama al departamento que dirige el ministroFélix Bolaños que se configure el sistema para que no se pueda acceder, a través de este servicio, a escritos pendientes de proveer y, por otra parte, que el acceso a una resolución implique su notificación automática, impidiendo al afectado «huir» de ella.

Después de casi dos décadas de espera, el Ministerio de Justicia licitó el pasado 10 de abril las obras de rehabilitación y reforma del Palacio de Justicia de la Gran Vía. No obstante, hasta otoño no hay previsión de que el personal de la Audiencia Provincial se traslade al edificio contiguo, que se ha habilitado como sede provisional durante el tiempo que duren las obras y, por tanto, no será hasta entonces cuando pueda iniciarse la reforma, que durará 34 meses. Así lo explica el presidente del tribunal provincial, José Antonio Vega Bravo, en su memoria anual firmada cuatro semanas antes de la licitación.

«Por razones presupuestarias de índole nacional se ha paralizado tanto el traslado de esta Audiencia como el amueblamiento del edificio acondicionado, paralización que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Se nos ha indicado que para el otoño de 2025 tendría lugar ese traslado y el inicio de las obras de refacción de esta Audiencia», señala en su informe, incluido en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Aunque el edificio anexo al Palacio de Justicia se ha habilitado como sede provisional, Vega Bravo solicita al Ministerio que le permita seguir utilizando la sala de vistas del edificio que va a ser rehabilitado, al ser «mucho más funcional, amplia y útil que la del edificio colindante habilitado provisionalmente para su utilización temporal». Y es que, una vez se muden a él, la previsión es que, al menos hasta finales de 2028, no puedan regresar a Gran Vía 33-37.

Por otra parte, Vega Bravo insiste en la necesidad de reforzar el tribunal provincial con «la necesaria creación de la séptima plaza de magistrado» en la Audiencia.

«El incremento del tiempo medio de señalamiento, que siendo de una media de unos tres meses desde la presentación de la demanda hace cinco años, ha pasado en 2024 a ser de una media de unos cinco meses; en algunos juzgados, el plazo se eleva actualmente a un año». Es uno de los argumentos con los que los jueces de Salamanca vuelven a la carga para exigir la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia en la capital. A estas salas llegan, de media, más de 1.200 asuntos al año, lo que supone un 50 % más de lo establecido.

Conforme a ello, el nuevo juez decano, Eugenio Rubio, reclama al Ministerio, a través de su memoria anual, la creación de este nuevo órgano judicial, que sería ya el número 11 en Salamanca.

En la misma línea, el magistrado demanda la creación de una tercera sala de lo Penal. Subraya que las dos existentes llevan más de cinco años con una carga de trabajo superior a la establecida. Nuevamente, las dos magistradas de esta jurisdicción han presentado un escrito solicitando más apoyo. El aumento de asuntos que llegan a estos juzgados ha conllevado, precisan sus titulares, «el alargamiento en el tiempo de señalamiento de los procedimientos de dos a tres meses que se venía realizando a seis meses», un plazo que, remarcan, «se alargará más durante el periodo estival».

En su memoria, Rubio realiza, como ya hiciera su antecesor, un pormenorizado registro de los numerosos problemas de carácter informático que sufren los juzgados, los cuales, a lo largo del pasado año, provocaron varios parones. Reclama además un sistema con mayor capacidad de transmisión de datos para evitar la actual lentitud y los «continuos fallos de conexión».