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El Ministerio de Justicia ya ni siquiera se atreve a poner plazos a la contratación y al inicio de las obras de reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía. Después del enésimo retraso, el departamento de Félix Bolaños reconoce en una respuesta parlamentaria fechada este 6 de noviembre que, aunque se comprometió a licitar las obras en 2023, luego antes del pasado 30 de junio y posteriormente se dio otro mes más, aún no tiene listo el proyecto.
Intentando justificar el enésimo retraso del proyecto anunciado en 2006, alega, en una contestación a los diputados del PPJosé Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, con carácter previo a la adjudicación del contrato de obras se requiere «la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto» redactado por la empresa adjudicataria de este. Nadie había puesto en duda esa obligación, pero fue el propio Ministerio, ya con Bolaños a su frente, el que el pasado 30 de abril y después de incumplir su promesa de empezar las obras en 2023, estimó, también por escrito, que la licitación de las obras se iniciaría «dentro del primer semestre de 2024 y la adjudicación e inicio en el segundo semestre». Ninguno de esos plazos se cumplirá ya y ni siquiera está claro, si antes de concluir este año, se iniciará el proceso para contratar la reforma del casi septuagenario Palacio de Justicia.
La disculpa que pone el Ministerio en esa respuesta es que «la Oficina de Supervisión de Proyectos del Departamento ha requerido la subsanación de ciertos aspectos del proyecto». Y resta importancia al retraso asegurando que este tipo de modificaciones «es habitual en proyectos de gran complejidad, como es el caso». Sin embargo, este mismo argumento ya lo empleó en la respuesta parlamentaria del pasado abril cuando dio por hecho que la reforma se emprendería en esta segunda mitad del año. «Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras han hecho necesaria una modificación del contrato previa a la redacción del proyecto de ejecución, que se encuentra en la fase final de elaboración», aseguró ya entonces en el párrafo previo al que fijaba el calendario de actuación que se ha incumplido.
En junio de 2020 el Ministerio contrató por 248.050 euros a un despacho de arquitectos para la redacción del proyecto de rehabilitación del número 33-37 de Gran Vía. Disponían de dos años para elaborarlo, pero han pasado casi cuatro y medio y Justicia no acaba de emprender la reforma del edificio. Por otra parte, dado que los actuales Presupuestos Generales del Estado son los de 2023 que fueron prorrogados y que hay una alta probabilidad de que continúen en vigor en 2025, no está muy claro la partida económica de la que dispondrá el Ejecutivo central para comenzar a ejecutar estos trabajos. En cualquier caso, ante la pregunta de qué calendario maneja ahora para acometer estas «imprescindibles obras», el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere guardar silencio.
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