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La doctora Carmen González Enguita expondrá a lo largo del Congreso el alto coste que supone para el sistema un problema tan frecuente como el de la incontinencia urinaria, que afecta a casi 60 millones de personas en Europa, aunque se considera que es «una enfermedad infradiagnosticada e infraconsultada, con un impacto significativo a nivel personal, familiar y social».
«Esta condición es más común en mujeres, especialmente de raza blanca, y su prevalencia aumenta con la edad y el deterioro cognitivo en la vejez. A pesar de esto, su carga sanitaria, económica y medioambiental es poco conocida», apunta González Enguita.
La exposición de la uróloga recordará que desde 2023 existe un protocolo para reformar las políticas de salud sobre la incontinencia urinaria en Europa: «El informe del Summit presenta un análisis económico que muestra la carga de la IU en la Unión Europea en términos de prevalencia, costos sanitarios e impacto medioambiental. Los costos incluyen absorbentes, medicamentos, consultas médicas, de enfermería, fisioterapeutas, diagnósticos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y cuidadores». Según este informe, en 2023, el costo personal anual de la incontinencia fue de 1.700 €, y se proyecta que aumente a 2.129 € en 2030, con un costo acumulado de 637,9 mil millones de euros entre 2024 y 2030.
Por hacer una comparativa, este coste representa la mitad del gasto europeo en diabetes en 2019 y dos tercios del gasto anual en cáncer en 2020. «Se estima que la carga económica de la incontinencia podría aumentar un 25% si no se toman medidas, alcanzando los 86,7 billones de euros en 2030. El impacto medioambiental, medido por la huella de carbono de la incineración de absorbentes, también es significativo, con 1,1 millones de toneladas de CO2 estimadas entre 2024 y 2030», alerta la especialista.
Ante este panorama y la tendencia al envejecimiento de la población, la uróloga apuesta por «la prevención y el tratamiento accesibles» como la mejor vía para «reducir la necesidad de recursos sanitarios». «Las recomendaciones deben integrarse en los itinerarios asistenciales de otras disciplinas sanitarias para garantizar que sea reconocida como comorbilidad, se prevenga y trate de forma oportuna».
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