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Dependencias de los juzgados de Salamanca. ARCHIVO
Los concursos de acreedores al alza: llegan al juzgado más del doble que en 2022

Los concursos de acreedores al alza: llegan al juzgado más del doble que en 2022

Se disparan los procesos de salmantinos particulares, no empresarios, incapaces de hacer frente a sus deudas

Jueves, 10 de octubre 2024, 06:30

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El nombre con el que se ha «bautizado» la estadística es «datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales», y su última actualización, publicada ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apunta a una escalada de los procedimientos concursales —antes denominados concursos de acreedores— en los juzgados de lo Mercantil en toda España, y también en Salamanca. En el segundo trimestre de este año llegaron a esta sala 61 concursos, un 56 % más que los 39 contabilizados entre abril y junio del pasado ejercicio. Si la comparativa se hace con los 24 de 2022, son más del doble, y si es con la veintena de 2021, se han triplicado.

Aumentan principalmente los concursos de personas naturales no empresarios, ciudadanos que se ven incapaces de hacer frente a sus deudas. En el segundo trimestre de este año, fueron 55 los casos de este tipo contabilizados en la provicia, según el CGPJ. En el mismo periodo del año anterior, no hubo ni un solo caso de este tipo, y en 2022 solo fue uno. Aunque desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, estos procesos de personas naturales no empresarias han pasado a ser competencia de las salas de lo mercantil, antes lo eran de los juzgados de primera instancia e instrucción, este cambio no parece ser el motivo de este incremento, ya que la estadística recoge los concursos que llegan a todo tipo de juzgados.

Por el contrario, las personas jurídicas, las empresas, que se ven inmersas en un proceso concursal que acaba en el juzgado apenas han variado. En Salamanca solo hubo cinco casos en esos tres meses, los mismos que un año antes y dos más que en 2022.

También han aumentado los lanzamientos —ejecución forzosa de una resolución que priva a una persona de su vivienda—. En el segundo trimestre fueron medio centenar, el triple que en el mismo periodo del año pasado y casi un 40% más que hace dos años, cuando se contabilizaron (36).

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