El Ayuntamiento busca amparo del Constitucional para que el Gobierno le pague 8 M€ por las plusvalías

El Ayuntamiento de Salamanca no está dispuesto a darse por vencido y está decidido a llegar al Tribunal Constitucional para que el Gobierno de España compense a las arcas municipales por las pérdidas que le ha supuesto la inconstitucional de un tributo cuyo cobro fijaba una norma estatal. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que presentó hace casi un año el Consistorio charro —y posteriormente otros importantes ayuntamientos de España— reclamando que el Gobierno le indemnice con más de 7,7 millones de euros por los perjuicios provocados por la declaración de incostitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía. Para el Consistorio, el fallo de la sala que preside el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y que considera la petición «extemporánea» no está lo suficientemente motivada. Por ello, ha solicitado al propio Supremo que acepte un incidente de nulidad de actuaciones al considerar que se ha vulnerado «el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho». En definitiva, pide que se anulen las actuaciones llevadas a cabo por el Supremo y poder presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, donde el Ayuntamiento volverá a reclamar que el Ministerio de Hacienda le indemnice.

Uno de los principales argumentos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para desestimar el recurso del Ayuntamiento es que, aceptando los argumentos del Consejo de Ministros, la reclamación de responsabilidad patrimonial se habría presentado fuera de tiempo, dado que este tipo de peticiones deberían plantearse en el año inmediatamente posterior a la publicación de la norma o el acuerdo. Por su parte, el Ayuntamiento esgrime que la inconstitucionalidad de la plusvalía llegó a través de sentencias de 2017, 2019 y 2021, por lo que alega un perjuicio continuado y que prosigue en el tiempo. Lo argumentaba en base a jurisprudencia del propio Supremo, pero este no la ha tenido en cuenta. Así en un documento de cinco páginas, el Consistorio esgrime que la sala que preside Carlos Lesmes no ha justificado ni motivado lo suficiente su fallo y pide al alto tribunal que «se retrotraigan las actuaciones al momento previo a dictar sentencia».

El Ayuntamiento reclama, por un lado, 3,4 millones que se vio obligado a devolver hasta octubre de 2021 por cobro de impuesto en casos en los que quedaba acreditada la inexistencia del incremento de valor del terreno transmitido. Por otra parte, pide otros 4,2 millones por liquidaciones y autoliquidaciones que no pudo llegar a cobrar.

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