El acoso escolar desciende en Castilla y León, pero inquieta en Salamanca

La Sección de convivencia escolar del Observatorio de la Comunidad ha analizado los datos del pasado curso (22-23) para llegar a la conclusión de que hay un ligerísimo descenso en los casos de acoso y ciberacoso escolar a nivel de Castilla y León, pero a nivel de Salamanca. De hecho, las cifras en la provincia salmantina son preocupantes.

Por un lado, los casos confirmados de acoso se han mantenido respecto al curso anterior: cinco casos confirmados. Los casos de ciberacoso en Salamanca se ha duplicado, pasando de tres a seis.

Pero el dato más inquietante es que los casos catalogados como de 'posible acoso' -aquellos en los que no se ha podido llegar a una conclusión firme, pero tampoco se ha podido descartar- se han disparado pasando de 28 sospechas en el curso 21/22, a un total de 106 en el pasado curso. Es el incremento más pronunciado de Castilla y León.

También queda patente en este observatorio que la proporción de denuncias por acaso escolar es más alta en los centros concertados que en los centros públicos.

En los 188 centros concertados de Castilla y León se han contabilizado un total de 213 casos posibles de acoso: un 113%. En cambio, en los 879 centros públicos se han registrado 409 denuncias de posible acoso: apenas un 46%.

Un total de 35 centros escolares salmantinos ya está utilizando el 'programa Sociescuela': una herramienta informática para obtener información sobre la relaciones de los alumnos de cada aula, así como las posibles situaciones conflictivas que se producen en los grupos (bullying, aislamiento, liderazgos negativos, etc).

Sanciones

A la hora de tomar medidas frente a este tipo de comportamientos, en Castilla y León se impusieron en los centros 15.499 sanciones por esas incidencias (12.271 a varones y 3.228 a mujeres), que en la mayoría de los casos, 7.460 (un 48,1 por ciento) se limitaron a una suspensión de asistencia a clase no superior a cinco días lectivos. En 1.585 casos la sanción fue de entre 5 y 30 días; mientras que en 3.075 consistió en una suspensión de participación en actividades escolares, en 152, cambio de centro.

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