«El Palacio de La Salina iba a ser demolido para hacer una carretera»

El palacio de La Salina, edificio renacentista actualmente sede de la Diputación Provincial, estuvo a punto de desaparecer a mediados del siglo XIX. El proyecto de 1844 para ampliar San Pablo, por donde pasaría la carretera Villacastín-Vigo a su paso por Salamanca, contemplaba su derribo, pero la intervención de la entonces nueva Comisión de Monumentos lo impidió.

Es uno de los detalles desvelados por el historiador José Antonio Bonilla, exdirector del Archivo-Publicaciones de la Diputación Provincial, en el libro La desamortización de Mendizábal en los conventos de Salamanca y su provincia. El volumen, publicado recientemente por el Centro de Estudios Salmantinos, recoge —en una versión corregida y aumentada— el discurso de ingreso en el CES que el autor pronunció el 16 de diciembre de 2014.

«Lo que el Gobierno quería en principio era deshacerse de todo y sacar dinero para pagar una guerra carlista que esperaban que fuera corta», afirma Bonilla, quien destaca el importante papel que desempeñó la Academia de Bellas Artes de San Fernando y la mediación de la reina Isabel II para frenar los derribos de edificios arquitectónicamente valiosos, a la vista del negativo ejemplo que se vio en Madrid.

En Salamanca, la Comisión de Monumentos Provincial fue la que asumió, en la segunda mitad del siglo XIX, la misión de preservar las obras de arte de conventos y monasterios y frenar el expolio originado tras la «francesada». «Gracias a la Comisión fue posible la creación de un Museo de Bellas Artes, el Museo de Salamanca».

Bonilla clasifica en su estudio los bienes afectados en Salamanca en tres grupos. Entre el patrimonio perdido se encuentran edificios religiosos sobradamente recordados, como el monasterio de San Vicente, el de la Victoria y conventos como San Agustín, San Bernardo, San Francisco y San Antonio del Real, entre otros.

Entre el patrimonio recuperado se citan ejemplos como el convento de San Esteban, «que llegó a ser cuartel, museo y vivienda para pensionistas del Estado», y Bonilla destaca en este apartado labores como «la del padre Belda, que salvó los Jerónimos de Alba; el monasterio de la Peña de Francia, salvado para los dominicos por el padre Cámara; o el administrador del convento de la Caridad de Ciudad Rodrigo, que trabajó lo indecible».

El capítulo 'Las ruinas que se perpetúan' plasma ejemplos sangrantes de patrimonio abandonado que, casi dos siglos después, siguen enquistados. «Es el caso de la Casa Baja de El Maíllo, que es extraordinario. Esas ruinas claman justicia. Pero como tiene cada vez más propietarios, es imposible entrar a salvar ese convento», sentencia.