Tribunal popular
NO prometía nada bueno ese chaval. Sin apenas haber cumplido el periodo de prácticas en la Benemérita, Antonio David ya le había sisado diez mil ... durazos a un turista francés, so pretexto de haber superado el límite de velocidad. La malversación le costó seis meses de prisión y otros tantos de suspensión que finalmente desembocaron en su baja definitiva del cuerpo por decisión –más o menos– propia. Demasiado riesgo para formar parte de la aristocracia de la copla.
Se casaron y comieron perdices durante unos cuantos meses. Luego se divorciaron y se tiraron los trastos a la cabeza durante más de dos décadas, haciendo de los platós de televisión y de los juzgados su hábitat natural. Como penúltimo capítulo de este folletín, la heredera de La Más Grande inició una nueva causa por malos tratos y quebrantamiento de los deberes de custodia contra su expareja que ni siquiera llegó a juicio. Acabó sobreseída porque el instructor estimó que no había tela que cortar.
Hoy, lo más granado del candelero mediático glosa la novela por entregas que Rocío ha vendido a una conocida cadena de televisión. Pasará el estado de alarma y no habrá terminado esta aventura que roba el sueño a tantos espectadores. Alguno de ellos tendrá la suerte de ganar el sorteo que financia, a golpe de SMS, parte de la recompensa negociada. Por si fuera poco, politicastros de todo el espectro ideológico participan de este festival de la carnaza porque no pueden sustraerse a ese pesebre lleno de porquería que tanta expectación genera. Demasiados votantes navegan, desorientados, en ese océano de la náusea.
Me resisto a que este asunto se vincule al extraordinario problema de la violencia de género. Me preocupan tantas y tantas mujeres que sufren y callan; que no acuden a las autoridades por miedo, y no porque pretendan una remuneración lo suficientemente satisfactoria. Me niego a ver en este relato tan sórdido una representación de una tragedia social. En su día, Rocío agotó todas las instancias y nadie habló de prevaricación. Poco dice de un país –de sus instituciones, pero también de sus ciudadanos– que la pequeña pantalla, por muchas pulgadas que calce, se convierta en la última y definitiva instancia judicial. Eso sí, nos queda Rociíto para rato.
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