17 abril 2021
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¿Solo sí es sí?

05 mar 2021 / 09:50 H.

    Hace un año, en puertas de una crisis sanitaria cuya trascendencia ni imaginábamos, aquí publiqué mi opinión sobre el marketing político en torno a la protección de la mujer. En el ambiente flotaban los Sanfermines de 2016 en los que cinco desalmados hicieron de la humillación deporte, así como aquella desdichada sentencia que solo el Tribunal Supremo corrigió calificando los hechos, finalmente, como agresión sexual. Aún quedan jueces en la Plaza de la Villa de París.

    Se acerca el 8M. Habiendo razones para la reivindicación, los políticos gesticulan ante la ciudadanía. Como hace un año en estas mismas fechas, el anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual recupera titulares y, nuevamente, revestido de polémica.

    En 2020, la crítica llegó del propio Ministerio de Justicia, a través de un demoledor dictamen que reveló graves carencias técnicas en la iniciativa. El Gobierno podría haberse ahorrado ese amargo cáliz, trasladando su impulso al grupo parlamentario al que pertenece la ministra que la activó, pero no quiso que lo tacharan de machista. Por eso tuvo que someter el texto al informe del CGPJ. Algo falla en ese anteproyecto, incluso retocado, para que, unánimemente, el órgano de gobierno de los jueces –bajo la ponencia de la fundadora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, no se olvide– proclame ahora las vergüenzas de un texto que merece ser devuelto a los corrales.

    Que los delitos contra la libertad sexual giren en torno a la falta de consentimiento de la víctima es algo incuestionable, pero así lo establece nuestro Código Penal desde antiguo. Ni debe aclararlo una nueva ley, ni es cierto que los jueces crean que el consentimiento de las mujeres da igual, como dice Belarra en las redes. Que estos delitos merecen mayor castigo si el autor usa violencia o intimidación parece obvio, pero el anteproyecto llama “agresión” a todo, sin distinguir medios ni penas, cosa que sí hace la legislación que se quiere derogar. Con todo, si hay algo reprochable en la iniciativa es aquello de lo que ha hecho bandera –“sólo sí es sí”–, porque obligar al acusado a que pruebe la existencia del consentimiento para evitar el castigo suprime la presunción de inocencia y eso equivale a aceptar que en el combate al delito vale todo. Sin duda, las mujeres merecen algo mejor.

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