Qué gracia la del indulto
El indulto forma parte de nuestra cultura. Durante la dictadura, se conmemoraba el Día del Caudillo poniendo en la calle a un puñado de presos ... de poca monta. Aún hoy, la Semana Santa propicia la liberación de unos cuantos condenados, y ello en el marco de un modelo constitucional aconfesional. Sin embargo, cuesta mucho conciliar los principios democráticos sobre los que debería basarse nuestro sistema con una institución a expensas de un poder ejecutivo caprichoso.
Hace pocos meses que la vigente Ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto cumplió siglo y medio. Como si nada hubiera cambiado, cuesta entender que perduren normas aprobadas durante la regencia de Serrano o el gobierno de Prim. Apenas ha sufrido reformas desde entonces. La última fue en 2015, y no sirvió más que para obligar al ejecutivo a que remita al Congreso un informe semestral sobre la concesión y denegación de indultos. Aún hoy, este mecanismo constituye un instrumento en poder del gobierno que permite desactivar cualquier decisión de los jueces sin necesidad de dar mayores explicaciones. Su ejercicio vulnera la potestad jurisdiccional reconocida en la Constitución, pisoteando el principio de separación de poderes. Es legal, pero ilegítimo.
Los gobiernos democráticos han usado y abusado de esta vía. Desde 1996, los sucesivos ministros de Justicia han sometido a la firma del Rey la escandalosa cifra de 10.622 indultos; la mitad de ellos, hasta el año 2000. Aún en 2012 se concedieron 534, aunque desde entonces su número ha remitido drásticamente. Más allá de los números, estremece saber quiénes han sido beneficiarios de esta gracia, por qué delitos y con qué objetivo: altos cargos del gobierno por detención ilegal y malversación, varios policías autonómicos por torturas, el consejero delegado del mayor banco de España por acusación falsa, un guardia civil por grabar en vídeo una agresión sexual, los militares que falsearon las identidades de las víctimas del Yak-42, varios conductores kamikazes, etc.
Se habla de nuevos indultos a políticos de amarillo y algunos creen que ello sería motivo de escándalo y traición. No seré yo quien diga que no. Con todo, a estas alturas de la película, ni un solo partido que haya gobernado está legitimado para levantar la voz. ¿Y todavía se atreven a hablar de la justicia politizada?
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