No me voy, me quedo
SOBRAN muchos de los diecinueve folios de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ha resuelto en primera instancia el Caso Cifuentes. Para ... condenar por falsedad documental a quien simuló el acta y a quien indujo al delito no hacía falta probar tantos hechos. Aún menos para absolver a la expresidenta, a quien nunca imaginé atosigando directa y personalmente a la autora, como pide la ley para castigar. No hacía falta acreditar que aquel curso estuvo plagado de graves irregularidades, o que muchos alumnos consiguieran el título sin pisar las aulas, sin hacer exámenes o sin defender un trabajo final que ni siquiera hicieron. Sin embargo, esos hechos han quedado demostrados y ya forman parte de la colección de jurisprudencia que todos podemos consultar.
La sentencia, didascálica, combina el ejercicio de la jurisdicción con la denuncia. Los magistrados han querido dejar constancia de qué estaba ocurriendo, aunque sólo una parte de lo acontecido fuera relevante a efectos de las acusaciones formuladas. Supongo que también pretendieron describir el contexto en el que actuó la autora material del documento simulado, una profesora conocedora de que sólo atendiendo a las órdenes de su patrón podría llegar a ser algo y cuya defensa se ha limitado a reconocer los hechos. Ambas circunstancias han sido apreciadas para rebajar su pena. Tal vez no vaya la cárcel, pero inhabilitada queda.
Quiero pensar que el esfuerzo literario del Tribunal también cumple una función propedéutica, desencadenadora de nuevas actuaciones. A cualquier ciudadano sensible le cuesta mucho entender que se reserve el castigo al vasallo que, a instancia de su señor, infringe la ley para mayor gloria curricular de unos cuantos vanidosos que compran un diploma oficial. Los hechos están probados y sería muy triste que de ellos no derivase ninguna consecuencia. Por eso, la misma Universidad que se apresuró a querellarse contra esa profesora –reclamando para ella cuatro años de prisión y otros seis de inhabilitación, no lo olvidemos–, está ineludiblemente obligada a promover la declaración de nulidad de todos esos títulos que nunca debieron expedirse.
Tan obvio como que nadie se puede llevar cosas de un supermercado sin pasar por caja. Aunque sólo sea por respeto a quien aprueba sus exámenes estudiando.
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