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El nacionalismo, cualquiera que éste sea, tiene una ideología basada en mitos (es decir, en mentiras) y el separatismo catalán no sólo está basado en mitos (mentiras acerca de un pasado que nunca existió), también en falsedades sobre el presente.

A propósito de la llamada mesa de diálogo, el diplomático español José Cuenca ha escrito un artículo clarificador, “A vueltas con la mesa de diálogo” (El Mundo, 2-VIII-2022).

Los fines que siempre ha tenido esa mesa los ha expresado con claridad Marta Vilalta, dirigente de ERC: “Cuando venga el presidente a buscar nuestros votos deberá traer hechos los deberes y ofrecer compromisos concretos”. Es decir, olvidarse de la Constitución y llevar dinero.

El primer gran ataque de esa mesa de diálogo es que (en palabras de José Cuenca) “en Cataluña han decidido privar a los alumnos de la garantía que les otorga el artículo tercero de nuestra Carta Magna, que establece el castellano como ‘lengua oficial del Estado’, añadiendo: ‘Todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho a usarla’. Se ha impuesto la vieja idea de Pujol: “postergar el español y manipular los estudios al servicio de la catalanidad”.

En este punto, el separatismo catalán no sólo violenta nuestra Constitución, también se pasa por el arco de triunfo la Declaración de Naciones Unidas de 1959.

Otro tema abordado en la citada mesa de diálogo ha sido la necesidad de “desjudicializar” el procés. ¿Qué es lo que desean los separatistas con eso de “desjudicializar”? Pues ni más ni menos que prescindir de las leyes españolas para aplicar sólo las normas caprichosas dictadas por la Generalidad. Con ello se trata de ignorar los derechos amparados por la Constitución incluyendo la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, a fin de dejar claro que los del lacito amarillo son los únicos que pueden llamarse catalanes.

Pero lo que de verdad necesita Cataluña es, en palabras de Cuenca:

“Implantar el Estado de derecho y el imperio de la ley. Es decir, la democracia. Y hacer que se cumplan lo que los supremacistas califican despectivamente como “leyes de Madrid”, incluyendo no sólo la Constitución (votada libremente por el 92% de los catalanes) sino las sentencias de los tribunales, resultado del trabajo de los togados. Porque en eso ha consistido el compromiso con la libertad que con la Transición nos hemos dado”.

Más claro, el agua clara. Y una prospección: No podemos seguir así, bajándonos los pantalones en Moncloa.

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