15 octubre 2021
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Los ratoncitos de la rueda

12 ago 2021 / 03:00 H.

    LEIRE Pajín fue una de esas políticas que desempeñó el cargo haciendo más daño que el pedrisco. Cuando esta señora impuso en el 2011 la prohibición de fumar en los bares obligó a muchos hosteleros, que habían acondicionado sus locales según la normativa del 2005, a deshacerse de las costosas modificaciones realizadas en sus establecimientos; dejó sin opciones a los fumadores y, como el tiempo ha demostrado, fracasó en su intento de reducir el número de los mismos.

    Los fumadores, a parte de pagar los mismos impuestos que cualquier otro ciudadano, costeamos, con nuestro vicio, los gastos que podamos ocasionar a la Sanidad. Pero, a diferencia de los consumidores de drogas ilegales que no pagan impuestos por ellas y las consumen tan ricamente en cualquier baño, nosotros no tenemos la opción de consumir nuestra droga legal en bares con entrada permitida sólo a fumadores. Somos ciudadanos segregados, habitantes de segunda.

    Dejando de lado el tema de la prohibición, lo más preocupante —a mi parecer— es que esta ley sentó un precedente muy peligroso: los ciudadanos podían actuar como una especie de policía sin placa que denunciaba a los fumadores que infringiesen la norma. Enfrentaron a las personas en vez de buscar una solución que satisficiese a todas las partes (como hicieron los suizos).

    En su momento unos pocos advertimos el peligro que esta ley entrañaba, pues era una toma de contacto con el más crudo totalitarismo. También advertimos que ocurriría lo que recitaba el poema de Niemöller sobre el nazismo; cuando vinieran a buscar a aquellos a los que las anteriores persecuciones no les incumbían, ya no quedaría nadie para defenderles.

    Ese día ha llegado.

    Con la pandemia el Estado volvió a delegar en los ciudadanos la labor de vigilancia y denuncia de aquellos que se saltasen el confinamiento. Los policías de balcón —los mismos amargados que en su día denunciaban a los fumadores— vigilaban la calle para increpar a cualquiera que deambulase por ella, sin saber —y sin tener potestad para indagar— si esa persona tenía motivos justificados para salir.

    Igual que ocurrió con la ley antitabaco ahora, con la excusa del virus, se vuelven a coartar libertades y derechos.

    ¿En serio alguien piensa que no van imponer la mal llamada vacuna? Más pronto que tarde sólo aquellos que lleven la marca de la bestia podrán disfrutar de algo más de libertad, derechos y acceso a puestos de trabajo que aquellos que no se mediquen.

    La libertad es un regalo sagrado, divino como diría Cervantes, y está en peligro de muerte. Ningún hombre tiene derecho a condicionar la vida de otro hombre.

    Esta reflexión me lleva a otra cuestión más inquietante: Si el Estado aún no ha impuesto la “vacunación” obligatoria, ¿es porque tendrían que responder de los posibles efectos secundarios que padezcan quienes reciban esta terapia genética? Ítem más: si las vacunas están en fase de ensayo, ¿quién será el grupo de control si nos vacunamos todos?

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