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Coinciden todas las encuestas en señalar la vivienda como la primera fuente de preocupación de los españoles, seguida muy de cerca por la economía. Ambas están íntimamente ligadas, pues a poco que reflexionemos nos daremos cuenta de que la una depende de la otra. Con unos salarios mínimos muy bajos, que se acercan peligrosamente al salario medio, resulta difícil que un amplísimo segmento de la población joven pueda comprar u optar a un alquiler decente. Sí, de decencia va la cosa, porque no hay mayor estafa que prometer cientos de miles de viviendas y dejar que pase el tiempo sin que la promesa se vea cumplida. En los últimos años de gobierno ¿alguien ha visto alguna de las viviendas prometidas? Ni siquiera aquellas lejanas «soluciones habitacionales» o minipisos de María Antonia Trujillo, ministra de Zapatero, llegaron a materializarse, por más que ella tratara de combatir el escepticismo (incluso las humoradas) que despertaba su propuesta. Viendo el panorama desde la perspectiva actual, no hubiera venido mal algo que entonces parecía una broma. Como broma es en estos momentos que el Gobierno no haya escarbado ni un solo cimiento en los últimos siete años.
Reconozcamos que el problema afecta a todos los niveles, desde los poderes estatales hasta las corporaciones locales, pasando por las competencias autonómicas. Parece claro que en algún lugar de los laberintos normativos y burocráticos se atascan los buenos deseos de construir las tan ansiadas viviendas. Unas veces será la falta de suelo, otras la propia normativa urbanística, otras, en fin, la inoperancia generalizada. Pero es el caso de que entre unas y otras, ojalá hubiera casa que barrer. «La culpa del asno no se ha de echar a la albarda», dice Sancho en la segunda parte del Quijote.
Por lo que yo recuerdo, en Salamanca todas las corporaciones municipales han llevado a cabo una política de viviendas en la medida de sus posibilidades, ya desde la época de Jesús Málaga y sus predecesores hasta la actualidad. Véanse, por ejemplo, las últimas entregas de llaves por parte del Patronato Municipal de la Vivienda en Pizarrales y en Huerta Otea, además de otras adjudicaciones a lo largo de los últimos años y de las que están en marcha.
El Defensor del Pueblo, antiguo fraile corazonista, filósofo y ministro de Educación zapateril, acaba de descubrir con su santa facundia, según LA GACETA del pasado miércoles, que quienes pernoctan en la T4 lo hacen por «falta de hogar». Desde luego, la claridad es, como defendía Ortega, la cortesía del filósofo (y debería ser la del político). Con ese sagaz hallazgo no vamos a ir muy lejos si no se busca una solución justa para un problema que ahora es coyuntural, pero que tiene visos de convertirse en estructural para que lo siga predicando Gabilondo con su locuaz verbosidad.
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