El prestidigitador

Puigdemont ha dado una vuelta a la soga que los independentistas han puesto a Sánchez a cambio de que siga agazapado en La Moncloa. Nogueras, la morena portavoz de Junts, ha dicho que todo lo que le ha prometido el presidente a ERC para que apoyara la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña son migajas y Puigdemont quiere mucho más. Lo que quiere decir es que, además del dinero contante y sonante, quiere que se aplique la Ley de Amnistía para el prófugo ya.

Los malabarismos que hizo el fugado con la inestimable colaboración de Sánchez, apareciendo y desapareciendo en medio de la multitud y sin ser capturado ni cuando entró por la frontera, ni durante el acto multitudinario de exaltación, ni en su fuga, que me imagino que también se haría por la frontera, no quiere que se repitan. Quiere llegar a España como un héroe, en lugar de como el villano que es.

Y mientras atornilla a Sánchez con los presupuestos ya prorrogados, la gente de Moncloa y del sanchismo negocia contrarreloj e hincando la rodilla en tierra para que no tumben la senda del déficit, votación aplazada para no recibir otro revés parlamentario. Los hombres del presidente se están bajando tanto los pantalones que ya están dispuestos a cambiar los números y aprobar un nuevo límite de gasto en el Consejo de Ministros con el objetivo de lograr sacarlo adelante con los 7 votos de la infamia.

Los independentistas quieren quedarse con todo lo que se recauda, mientras el resto de España asume el déficit de las pensiones que se pagan en territorio catalán. Esto es lo que en castellano se llama «la ley del embudo». Es más o menos lo que deben haber pactado con opacidad, nocturnidad y alevosía el presidente del Gobierno de España con los secesionistas de ERC.

No me extraña que en varias comunidades autónomas ya hayan empezado a boicotear en los supermercados los productos catalanes. Es posible que no se consiga mucho, pero es una advertencia para las empresas que aún tienen su sede en Cataluña. Y es que, desde el 1 de octubre de 2017, cuando los golpistas se levantaron en Cataluña, el éxodo de empresas ha sido continuo. El desafío, la inestabilidad y la antipatía que generaron en el resto del territorio fueron fundamentales para que los empresarios decidieran emprender la huida para no perder prestigio, credibilidad y clientes.

Los «negocietes» poco transparentes entre los independentistas y el actual Gobierno a los únicos que beneficia es a los políticos que viven de hacer ruido y provocar la división. Ni a los catalanes ni a los españoles les aporta nada positivo y mucho menos a las empresas que solo buscan estabilidad.

El clima se está haciendo irrespirable, como ha advertido la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El prestidigitador Sánchez ha conseguido no solo dividir a los españoles, sino también enfrentar a los partidos independentistas: ERC con el que ha pactado el Gobierno de la Generalidad y Junts, que es su socio en La Moncloa.

Lo que la ministra portavoz llama continuar con el diálogo para conseguir los 7 votos que controla el prófugo de la justicia, se ha llamado toda la vida bajarse los pantalones. En este caso Sánchez se los baja aun sabiendo que su debilidad nos perjudica a la mayoría de los españoles que vamos a recibir menos dinero público por razón del lugar en el que residamos.

Que no vengan los sanchistas a Salamanca a hablarnos de la España vaciada, que aquí el único que la está dejando prácticamente desértica es Pedro Sánchez.