Solidarios, no paganos

Está visto que los menas sacan lo peor de los dirigentes de Vox. Tuvimos el viernes pasado un buen ejemplo en Salamanca, con las declaraciones de Samuel Vázquez, portavoz nacional del partido en materia de Inmigración. El portavoz de los verdes no solo aseguró que los centros de inmigrantes aumentan la inseguridad de la mujer, sino que lo hizo, como es habitual en una formación populista, falseando los datos. Vázquez relacionó el aumento de extranjeros en Castilla y León con el incremento de las agresiones sexuales en la Comunidad, que según sus propias estadísticas, se han multiplicado por cuatro en los últimos siete años. Lo cierto es que el número de inmigrantes en la Región ha crecido en torno a un 40 % en estos siete últimos años, mientras que las agresiones a mujeres lo habrían hecho un 400 % según Vox. No parece que con esos datos pueda sostenerse que la culpa es de los inmigrantes.

El aumento de extranjeros no ha incrementado en general la criminalidad ni en Castilla y León ni en Salamanca. Lo que sí se ha conseguido es que se revierta la tendencia a la pérdida de población.

También afirmó el vocero de Vox que el barrio de Puente Ladrillo se convertirá en «un estercolero» si se abre el centro de acogida de inmigrantes previsto por el Gobierno, «como ha ocurrido en Francia, Bélgica o Suecia». No sé si Puente Ladrillo perderá algo de su atractivo como barrio por ese centro, pero de ahí a convertirse en estercolero… Si lo que los de Abascal quieren es alarmar y provocar a los vecinos, han elegido el camino correcto.

Lo que nunca dicen los de Vox es que la acogida de menores extranjeros no acompañados constituye un deber para todas las naciones, una obligación avalada por los tratados internacionales suscritos por España, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención de Ginebra sobre Refugiados.

Los verdes no esconden su deseo de cerrar los centros de menas y que los menores extranjeros sean devueltos a sus países, con sus padres. Y eso sería lo ideal, si se les pudiera identificar a ellos y a su familia. Pero no suele ser así. Y España tiene el deber de darles un trato humanitario.

En lo que sí pueden tener razón Abascal y sus correligionarios es en rechazar el reparto de menas decretado por el Gobierno sanchista tras pactar la distribución con Junts, el partido de Puigdemont que es por lo menos tan xenófobo como los más xenófobos de Vox. La supuesta negociación para adjudicar los menas no ha existido. Ayer la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llamaba a las comunidades autónomas a «colaborar» en el reparto, cuando su Gobierno ya ha decidido que vayan 20 a Cataluña, 700 a Madrid y más de 300 a Castilla y León. Lo que quiere Rego es que las regiones gobernadas por el PP se traguen el sapo y encima pongan buena cara.

El problema del centro de inmigrantes de Puente Ladrillo es que se ha hecho todo en la sombra, sin comunicar ni mucho menos negociar con la Junta o con el Ayuntamiento de la capital. Se han hecho obras sin licencia, se ha negado o se ha ocultado el proyecto… y al final será otro trágala.

Salamanca es y quiere seguir siendo solidaria. Pero esta provincia, como el resto de Castilla y León, quiere asumir su cuota de solidaridad, sí, pero igual que el resto, que la solidaridad bien entendida es solidaridad compartida. Y los proyectos de este tipo de centros hay que hablarlos, negociar su ubicación y su capacidad, y financiarlos desde el Gobierno, no sea otra vez aquello de «yo invito y tú pagas».

Solidarios sí, pero no paganos de las concesiones de Sánchez a sus socios xenófobos.