Peligro de dictadura

El Gobierno ha decidido no seguir adelante con el proyecto del área servicio en Fuentes de Oñoro. Decae así una inversión de 4 millones que reportaría un poco de vida. Por lo que se ve, el proyecto de Sánchez para acabar con la España vaciada no es llenar la España vaciada, sino acabar con España. Y está en ello.

A los socialistas de Salamanca y de Castilla y León no les escandalizan los continuos desprecios de Sánchez a esta tierra. Lo que les escandaliza es que PP y Vox hayan aprobado en las Cortes regionales una Ley de Concordia que viene a sustituir al Decreto de Memoria Histórica, seguidista de las leyes socialistas, impulsado por Herrera. Dice Tudanca que Mañueco y Gallardo intentan legimitar a Franco con esa ley, porque el texto evita hablar de dictadura y se refiere a ese periodo de nuestra historia como 'franquismo' a secas.

En parte tiene razón. Lo de Franco fue una dictadura, y aquí nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Asunto diferente es que la deficiente semántica implique una legitimación. Eso supone dar un salto que la ley no contempla, mientras que sí contempla el reconocimiento a todas las víctimas de la represión, incluidas las de la II República, que también las hubo.

En cualquier caso, estamos volviendo a remover el pasado y a refocilarnos en sus efluvios malignos, que nada bueno aportan.

Es mucho más interesante preguntarse si, como apunta una parte de la oposición al Gobierno, estamos ahora ante una nueva dictadura.

Creo que no hemos llegado todavía a ese punto. Y digo 'todavía' porque la deriva del Ejecutivo socialcomunista apunta síntomas preocupantes. Estamos gobernados por una coalición que trabaja para derribar el consenso constitucional del 78. Ese era el objetivo declarado de Podemos y el PSOE ha acabado por asumir sus postulados. No se respeta la separación de poderes, con continuos ataques desde el Gobierno a los jueces que no les bailan el agua. A la vez, los intentos de asalto al poder judicial han sido continuos: tras lograr el control del Tribunal Constitucional sigue la batalla para amarrar el CGPJ. La falta de respeto y el ninguneo a la Monarquía han sido norma del sanchismo y de sus socios desde su llegada al poder. La Fiscalía ya sabemos todos de quién depende y Sánchez la utiliza de manera descarada para atacar a sus enemigos políticos, como ha hecho con Ayuso.

Pero hay más, por supuesto. El Gobierno negocia con los golpistas bajo la supervisión de observadores internacionales, como si España no fuese una democracia plena, y en esas consersaciones se incluye un referéndum para romper España y un 'cupo catalán' que acabaría con la igualdad entre regiones y de paso con las finanzas del Estado.

Sánchez ya anunció que levantaría un muro contra media España y que su gran objetivo es impedir la alternancia en el poder, otra de las bases de la democracia.

Además, gobierna mediante decretos leyes (así será para el 75 % de todas las leyes previstas en 2024), utiliza fondos públicos para comprar votos con total descaro y ha convertido en arte el control de las instituciones que deberían funcionar de manera independiente en una democracia sana: desde el Consejo de Estado al Tribunal de Cuentas, pasando por la SEPI, CNMC, Correos, RTVE (acaba de colocar a una militante del PSOE al frente del ente), la agencia Efe y el CIS, entre otras. Sánchez no recibe al líder de la oposición y nunca contesta a las interpelaciones de la oposición en las sesiones de control al Gobierno.

Son, desde luego, síntomas mucho más preocupantes que los malabarismos lingüísticos del PP y Vox con su Ley de Concordia.