Operación salvar a Begoña

No hay que perder la perspectiva con el anuncio presidencial del así bautizado por Sánchez «Plan de acción por la democracia». Sabemos todos que se trata de un plan nacido de sus famosos cinco días de reflexión, cuyo objetivo no es otro que salvar a su esposa de la vergüenza de ver publicadas en los medios de comunicación sus maniobras empresariales en la oscuridad y sus andanzas judiciales por la puerta de servicio.

Este «Plan de acción para salvar a Begoña» lo ha vestido Sánchez de los más diversos ropajes y lo ha envuelto en papel de celofán para que nos traguemos con alegría el regalo envenenado de un proyecto concebido para acallar a la prensa crítica. Y lo hace ahora, cuando acabamos de saber que la Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue la posible apropiación indebida por parte de la señora Gómez de una plataforma que costó 24.000 euros. La Universidad, que desde ayer pasará a formar parte de la fachosfera señalada por el sanchismo, ha visto indicios de choriceo tras una investigación interna.

Presenta su plan justo ahora que acabamos de enterarnos de que el presidente recibió un par de veces en La Moncloa al empresario benefactor de su esposa y se reunió con él, en compañía de la propia señora Gómez, para «hablar de cuestiones tecnológicas». Es decir, que ahora podemos pensar (mientras nos dejen) que Sánchez no solo pasó meditando cinco días sobre las noticias (bulos en su versión) sobre su esposa, sino que sabía que algún día aparecería también su nombre como parte del maloliente escenario de un posible tráfico de influencias.

Tras ese inédito y ahora sospechoso retiro, el presidente del Gobierno anunció que continuaría en el puesto «con más fuerza si cabe» y que dedicaría sus desvelos a acabar con la fachosfera mediática y sus «fake news». A ese empeño responde el plan donde Sánchez, según su costumbre, mezcló churras con merinas, sacó pecho de la evolución de la economía sin venir a cuento y retorciendo para ello las estadísticas, y adelantó algunas vaguedades con las que incluso podemos estar de acuerdo. Ningún reparo puede ponerse a su intención de imponer la transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación, el reparto de la publicidad institucional o la medición de audiencias. Lo mismo cabe decir de su empeño por impedir que haya medios con más financiadores públicos que lectores (que los hay), o de futuras medidas para «asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales».

Todo estupendo, pero todo eso es el ropaje, la floresta y el señuelo. El peligro reside en las medidas, que Sánchez se cuidó de no concretar ayer, para poner mordaza a los medios críticos, que es realmente el objetivo. El riesgo reside en que será el Gobierno quien decida qué es bulo y qué es noticia, con la seguridad de que cualquier información sobre casos de corrupción en el entorno de Sánchez será considerada bulo, mientras que las noticias sobre el excelente buen hacer de este fabuloso Ejecutivo se potenciarán como la verdad insoslayable y publicable. El peligro no está en que el Ejecutivo sanchista vaya a repartir cien millones de euros para digitalización de los medios, como anunció el presidente dentro de su «plan por la democracia», sino que los beneficiarios coincidan con la prensa apesebrada. El peligro es pensar cómo va a «reforzar los derechos al honor y la rectificación» que ya funcionan correctamente por estar incluidos en el Código Penal.

Y el gran peligro es que seamos castigados por contarlo. Pero estén tranquilos, que no callaremos.