Cataluña nos roba

«El dinero lo pagan los ciudadanos, no los territorios». Con esta frase de contestación al infame ataque de Junts contra Castilla y León, el presidente de la Junta dio ayer en el clavo. Los supremacistas catalanes, convertidos ahora en golpistas indultados por obra y gracia del presidente Pedro Sánchez y el fiscal general Álvaro García Ortiz, se acogen a las ficticias balanzas fiscales autonómicas para asegurar que los castellanos y leoneses les estamos robando el pan a los laboriosos y sufridos catalanes.

La acusación contra nuestra Comunidad autónoma partía de una de las portavoces de la pandilla liderada por el todavía prófugo y muy pronto héroe y mártir Carlos Puigdemont. Mirian Nogueras vino a decir que, con el actual sistema de financiación, cada catalán pierde al año 2.700 euros mientras que un extremeño recibe 3.200 de más y un castellano y leonés obtiene 2.700 de propina. Su alegato forma parte del argumentario secesionista destinado a justificar la financiación «a la carta», el anuncio de un robo al resto de españoles que el presidente del Gobierno de la nación les va a autorizar más pronto que tarde. Y la base, el cálculo de las balanzas fiscales, es una falacia de gran calibre, tan grande que ha sido asumida como verdad incontestable en estos tiempos de bulos y postverdad.

Como bien apunta Mañueco, los impuestos en España los pagamos cada uno de los contribuyentes en función de nuestros ingresos. No los pagan las autonomías, ni las ciudades. Y hablar de injusticia sobre la base de las balanzas para pedir compensación por ello es tan absurdo como exigir que un ciudadano que paga más impuestos porque cobra más tenga mejor trato en los hospitales que uno que paga menos. Es tan incongruente y tan disparatado como sería hablar de balanzas por provincias o por ciudades. Porque puestos señalar injusticias, habría que denunciar que los habitantes de la provincia de Barcelona pagan en conjunto a la Hacienda pública mucho más que los de Tarragona, y sin embargo reciben los mismos servicios públicos. Y siguiendo con el argumento, habría que criticar el hecho de que los barceloneses de la capital tengan que sufragar con sus impuestos parte de los servicios que reciben los quinientos habitantes del pueblecito barcelonés de Puigdalbert.

Es una estupidez como un piano, pero está sirviendo de base para un fenómeno de suma gravedad, como es el proyecto de romper la caja única de la Seguridad Social y la solidaridad entre los diferentes territorios de España.

En realidad, ese principio, básico en todo Estado moderno, no se cumple en el caso de las haciendas vasca y navarra, que han convertido su cupo y sus fueros en un privilegio. Ellos recaudan sus impuestos y ceden al Estado una parte muy inferior a la que les correspondería, lo que les permite ir de ricos por la vida y gastar a manos llenas. Sin cambiar la Constitución que les avala, habría que recalcular los cupos y el problema estaría solucionado.

Pero ese es otro cantar. Porque en el caso de Cataluña, la financiación especial, bilateral y «a la carta» que les ha prometido Sánchez rompe con el sistema. Porque mientras País Vasco y Navarra representan un 6 % del PIB nacional, Cataluña supone casi un 20 %. Si los catalanes, de la mano graciosa de Sánchez, se suman al club de los ricos que no pagan sino que reciben todavía más del Estado, el resto va a estallar.

En este asunto, como en la amnistía, los españoles que no somos ni separatistas, ni golpistas, ni filoterroristas, ni nos llamamos Pedro Sánchez, deberíamos poner pie en pared. Como decía ayer Mañueco, «los castellanos y leoneses no somos más que nadie, pero tampoco menos».