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El pacto singular entre el PSC y ERC que cuenta con el apoyo implícito de Sánchez traspasará todos los impuestos del Estado a la Generalidad de Cataluña, lo cual implica que el Gobierno de ésta pactará con el Gobierno de España un cupo que, teóricamente, cubrirá con cargo a los impuestos cobrados por la Generalidad los gastos que generan allí los servicios prestados por el Estado. Pues bien, un profesor y letrado del Parlamento catalán, Joan Ridao, afirma que dicho acuerdo, lejos de crear desigualdades, contiene los mimbres para hacer efectiva una descentralización política mayor y un grado de responsabilidad fiscal más amplio que permitirán «la adaptación del sistema tributario a las especificidades del tejido productivo y de las necesidades sociales de cada comunidad» y redundarán en «una mejora de la eficiencia, la disciplina presupuestaria y el control de la deuda».
Ridao, que tiene la cara de cemento armado, afirma también que es falso que el pacto vaya a generar desigualdad entre comunidades autónomas. Ya que tras el pacto Cataluña va a tener más recursos, la única vía para que no se genere desigualdad entre comunidades autónomas es que el gobierno central ponga el dinero para que las demás no pierdan lo que Cataluña deja de aportar.
El Gobierno, en su defensa, ya ha dicho que subirá los impuestos a «los ricos». Sean quienes sean esos «ricos», esos impuestos adicionales no los van a pagar ni vascos ni navarros ni catalanes y, desde luego, esa singularidad no se puede aplicar a todas las comunidades autónomas. ¿O podemos suponer que el Gobierno está dispuesto a firmar un acuerdo como el de Cataluña con otras comunidades autónomas, por ejemplo, con Madrid?
Los catedráticos Carlos Monasterio e Ignacio Zubiri han escrito a este propósito lo siguiente: «No es cierto que el modelo fiscal propuesto para Cataluña sea habitual en los países federales. A diferencia de lo que pasará en Cataluña, en todos los países federales el Gobierno central sigue estableciendo, recaudando y gestionando sus impuestos en todas sus regiones.»
El proceso abierto por el sanchismo de acuerdo con los separatistas catalanes puede quedar embarrancado (¡ojalá!) en las Cortes, pero de seguir adelante entraremos en un proceso letal para España, pues matará, de facto, todos y cada uno de los principios jurídicos y políticos en los que se basa nuestra Constitución.
Claro que a Sánchez parecen importarle muy poco la letra y la filosofía de nuestra Constitución. A Sánchez y a sus adoradores, entre los cuales parece estar Conde-Pumpido.
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