Arbitrariedad y corrupción
Todas esas normas constitucionales no han impedido que exista arbitrariedad y en España ese mal abunda
En España existen multitud de normas contra la corrupción. Se puede decir que hay toneladas de regulación existente en forma de normativa en materia de contratos del sector público. Así, de memoria: subvenciones, transparencia, conflictos de intereses, tráfico de influencias, códigos éticos, sistemas de integridad, etc.
Incluso existe una Fiscalía Anticorrupción. Por otra parte, nuestra Constitución (Artículo 9.3) prohíbe el funcionamiento arbitrario de las instituciones públicas: «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.»
Pero todas esas normas constitucionales no han impedido que exista arbitrariedad y en España ese mal abunda por doquier.
En palabras de Elisa de la Nuez, notable abogada del Estado , «no es posible ni siquiera prevenir la corrupción y mucho menos combatirla sin instituciones profesionales, neutrales e independientes. Todo lo demás es un brindis al sol. […] Tomemos el caso de la investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, empleado de la Diputación de Badajoz (esto ya en sí mismo es un tanto curioso, dado que es músico de profesión, por muy variopintas que sean las funciones de la Diputación de Badajoz) y teóricamente residente en Portugal (no menos curioso, tratándose de un empleado público, por mucho que teletrabaje). Pues bien, el informe 'técnico' que ha elaborado la Agencia Tributaria dirigido al juzgado de instrucción que investiga el caso es completamente anómalo: mientras que en la inmensa mayoría de los casos esa Agencia muestra una beligerancia notable frente a posibles fraudes o simplemente errores del contribuyente, trata con guante de seda al hermano de Pedro Sánchez, con la finalidad evidente de exonerarle de toda posible responsabilidad».
En una ley de 2023 (Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción) se contemplaba la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuya creación corresponde al ministro de Justicia (Félix Bolaños) y éste lo ha tirado a la papelera.
Para acabar de embadurnar las cosas, ahí tenemos un Tribunal Constitucional compuesto en su mayor parte por gente que proviene de la política en su peor estilo: serviles al sanchismo.
