Noches bajo cero

Hace cuatro años Luis tenía trabajo, una red de apoyo y un hogar. Las cosas marchaban más o menos bien. Esta noche volverá a dormir en un cajero.

Ese es el perfil de las personas sin hogar en España. El 66% tenía trabajo antes de perder su hogar. En el 50% de los casos son de nacionalidad española, tienen entre 45 y 64 años y en un 85% son varones. Y, sorprendentemente, el 17% del total, según la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030, ha percibido el Ingreso Mínimo Vital en el último año. Algo va mal cuando se ven abocados a vivir en la calle a pesar de esa ayuda.

Los recursos locales no son suficientes para resolver un problema multidimensional como la pobreza, por más empeño que pongan (desde aquí un aplauso a los técnicos del área de Inclusión Social del Ayuntamiento de Salamanca, que recorren cajeros, parques o lo que haga falta). Máxime cuando a la situación de calle se añade otro componente: una patología dual. La mitad de las personas sin hogar presenta una adicción a la que se suma un trastorno mental. O tal vez sea al revés, pero en este caso el orden de los factores no altera el producto. Y el producto es un ser humano sin control sobre su voluntad, intentando esquivar al frío sobre cartones, envuelto en una manta.

Actualmente no existe en nuestro país un modelo público de intervención sociosanitaria eficaz dirigido a personas con trastornos mentales. La Reforma Psiquiátrica del año 85 dio fin a un modelo deshumanizado que hacinaba tras los muros de los «manicomios» a personas con adicciones, con trastornos mentales e incluso con síndrome de Down. Pero hasta el momento no ha proporcionado alternativas para una reinserción social real a las personas con enfermedad mental. Y menos si llevan asociada una adicción. Y menos si su hogar es la calle.

Entidades como Proyecto Hombre, Cáritas y Cruz Roja trabajan de manera incansable en este ámbito, pero sus esfuerzos no serán suficientes si las instituciones, en sus distintos niveles, no unifican esfuerzos para cubrir todos los factores presentes en estas situaciones. El reciente anuncio, por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, de la ampliación de las unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil en varias provincias, en el caso de Salamanca destinada a adicciones y enfermedad mental, es un paso prometedor. Pero sigue siendo imprescindible que se establezca un marco normativo estatal, dotado de los recursos necesarios y que facilite la salida a la calle de los expertos para que logren la adherencia de estas personas al tratamiento psiquiátrico, además de un plan de reinserción continuado en el tiempo. Por supuesto, eso implica una gran inversión pública, con un retorno lejano e impreciso. En términos empresariales, sería un negocio desastroso. Pero no es un negocio. Son Luis, Rocío, Marco… La dignidad del ser humano no es negociable. ¿O tal vez alguien con trabajo, una red de apoyo y un hogar piensa que está libre de terminar durmiendo en un cajero dentro de cuatro años?