De nuevo, el indulto

Casi un cuarto de siglo más tarde, el indulto políticamente motivado vuelve a la mesa del Consejo de Ministros. Esta vez, un digno Tribunal Supremo razona su oposición, por lo que el Gobierno solo podrá otorgar un perdón parcial, como ya ocurrió con aquellos cuatro Mossos condenados por torturas en 2006 y a los que Rajoy sacó de la cárcel a cambio de una multa. Con todo, Sánchez allana el terreno de la concesión apelando a la concordia y al entendimiento, frente a la venganza o la revancha que supondría –según él– la ejecución de una sentencia dictada en el marco de un debido proceso. Señor Casado, no se esfuerce en recurrir; es inútil.

No entro a valorar las conductas perpetradas por los doce condenados. Si los delitos por los que se les castigó están mal definidos o si las penas son excesivas, que se debata en el Parlamento y se reforme el Código Penal, pues todos –no sólo ellos– merecemos las mejores normas. Una Ley aprobada en tiempos del General Prim es la que aún hoy habilita al Gobierno para desactivar condenas. Pero no olvidemos que esa vieja ley se aprobó para resolver situaciones individuales. La propia Constitución prohíbe los indultos generales, y la amnistía no tiene cabida en el ejercicio ordinario de la democracia. No estamos ahora ante doce indultos, sino ante la aplicación de un bálsamo a un conflicto.

Entre 1996 y 2002, el Gobierno del Partido Popular concedió más de 4.425 indultos a condenados del más diverso pelaje. Con el tiempo, ese vicio de perdonar por Decreto se fue corrigiendo. En el último lustro, la gracia no se ha concedido más que a una treintena de reos por año, de los cuales la mitad –¡ay, Señor!– fueron promovidos por cofradías de Semana Santa. Estos doce nuevos jirones en el apolillado traje del Estado de Derecho emborronan la estadística. A medio plazo, casi nadie hablará de ello.