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Junta General de Accionistas de Ferrovial. E.P.
Un accionista de Ferrovial acusa al Gobierno de “violar” la libertad de movimiento de empresas en Europa

Un accionista de Ferrovial acusa al Gobierno de “violar” la libertad de movimiento de empresas en Europa

Los accionistas de Ferrovial aprueban su traslado a Países Bajos

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Jueves, 13 de abril 2023

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Un accionista de Ferrovial ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “violar” un derecho fundamental europeo como es “la libertad de establecimiento que garantiza la movilidad de las empresas en toda la Unión Europea”.

Se trata de Jean Pierre Paelink, un accionistas francés de Ferrovial que ha trasladado su “preocupación” por lo que considera que han sido “ataques por ejercer un derecho consagrado en artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

“Me preocupa el ejercicio de los derechos de los accionistas, la propiedad privada. El ejercicio de los derechos de los accionistas como ciudadanos está protegido por este derecho fundamental”.

El accionista ha tachado de “excesivos e improcedentes y al borde de la ilegalidad” las intervenciones realizadas por las autoridades españolas al proyecto.

Los accionistas de Ferrovial aprueban su traslado a Países Bajos

Una mayoría absoluta de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta de accionistas de la compañía han respaldado el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos, votando a favor de la propuesta.

Con un quórum del 77,6%, la junta ha dado ‘luz verde’ a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.

En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.

Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.

Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.

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