Teresa Peramato, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. FOTOS: ARCHIVO

Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado

El Gobierno propone este martes en el Consejo de Ministros a la actual fiscal jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo en sustitución de Álvaro García Ortiz

La Gaceta

Salamanca

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:09

Un salmantino por otro. Parece que para el cargo de fiscal general del Estado el gobierno ha puesto el foco en la provincia charra. Si este lunes dimitía Álvaro García Ortiz, natural de Lumbrales, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; este martes a primera hora se daba a conocer la noticia de que la propuesta a sustituirle en el cargo sería Teresa Peramato Martín, nacida en Salamanca capital.

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Teresa Peramato Marín, en una foto más actual.

Acumula una sólida trayectoria que la avala como candidata al cargo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la Carrera Fiscal en 1990, tras haber ocupado previamente una plaza de Secretaria Judicial en excedencia (según la Orden Ministerial de 8 de marzo de 1991). Sus primeros destinos como fiscal incluyeron las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, lo que le proporcionó una amplia experiencia territorial antes de trasladarse a Madrid en 2001.

Su carrera adquirió un enfoque especializado al incorporarse a la Fiscalía Provincial de Madrid. Allí, en mayo de 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer. Esta especialización la llevó a ascender en 2010 al puesto de Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

Además de su profunda dedicación a la violencia de género, su carrera también incluye experiencia en órganos de máximo nivel institucional. En 2018, fue nombrada Fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

En mayo de 2021 fue promovida a la categoría de Fiscal de Sala y designada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, una de las responsabilidades más altas dentro del Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.

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Finalmente, el Real Decreto 17/2025, de 14 de enero, marcó su nombramiento como Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección Penal), un cargo que representaba hasta este lunes la cúspide de su carrera profesional, ya que este martes ha sido propuesta para ser fiscal general del Estado.

El pasado 8 de marzo, recibió en Salamanca una distinción por su «trayectoria y servicio público», y, lejos de renegar de sus raíces, Peramato confesó en una entrevista a LA GACETA que hace «patria» siempre que puede.

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Fuerte respaldo y estrecha vinculación con la Unión Progresista de Fiscales

El nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado llega respaldado por una amplia trayectoria profesional: acumula 35 años en la carrera fiscal y experiencia previa como abogada y letrada de la Administración de Justicia. Desde distintos ámbitos políticos y jurídicos se destaca su sólida formación, su reconocimiento dentro de la profesión y su carácter «técnico, decidido y valiente», una figura respaldada por progresistas y conservadores, tal y como recogen fuentes consultadas por Europa Press.

No obstante, su designación también suscita recelos debido a su estrecha vinculación con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece y de la que fue portavoz durante años, según recoge también la agencia de noticias Europa Press.

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Aunque no forma parte del círculo más cercano de su predecesor, denominado 'Equipo Fortuny', algunos sectores creen que su perfil mantiene una carga ideológica marcada, lo que lleva a interpretar su llegada como una continuidad respecto a anteriores fiscalías de orientación progresista.

Por otra parte, asociaciones de fiscales y jueces instan a Teresa Peramato a «recuperar la imagen» de Fiscalía y la mayoría coinciden en que el nuevo periodo debe servir para devolver a la institución «el prestigio perdido».

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