El CGPJ acuerda por unanimidad declarar idónea a Teresa Peramato para ser la nueva fiscal general del Estado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este miércoles por unanimidad que Teresa Peramato es idónea para asumir el cargo de fiscal general del Estado, tras la salida de Álvaro García Ortiz, el único candidato anterior que el órgano de gobierno de los jueces consideró “no idóneo” debido a su condena en el Tribunal Supremo (TS).

La decisión se tomó en un Pleno extraordinario que comenzó a las 12:00 horas, convocado únicamente para elaborar el informe legal necesario para el nombramiento del jefe del Ministerio Público. En él, el CGPJ evalúa si el candidato propuesto por el Gobierno cumple los requisitos legales: ser un jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia.

“Cumple los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado”, concluyeron los vocales —progresistas y conservadores— en un Pleno que duró apenas quince minutos, según fuentes consultadas por Europa Press.

Históricamente, los informes del Consejo han sido favorables a los candidatos designados por el Ejecutivo, salvo en el caso de García Ortiz. Inicialmente, el CGPJ dio su visto bueno a su nombramiento, pero en el momento de su renovación lo declaró “no idóneo”.

El anterior Consejo —de mayoría conservadora— se opuso a la continuidad de García Ortiz basándose en otra sentencia del Tribunal Supremo, que consideró que había incurrido en “desviación de poder” al ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal. Además, el Consejo criticó lo que percibió como una política de nombramientos discrecionales que favorecía a miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la aplicación de criterios cuestionables, como en la ley del ‘solo sí es sí’, y su “inactividad” frente a acusaciones de ‘lawfare’ contra los fiscales del ‘procés’.

Este dictamen provocó críticas del sector progresista del CGPJ, que consideró que los conservadores habían sobrepasado sus competencias al emitir un informe más allá de la revisión de los requisitos legales. Aun así, el proceso de renovación de García Ortiz continuó, ya que el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante.

Con motivo de la dimisión de García Ortiz, el PP ha propuesto que en el futuro el examen del Consejo sea vinculante y que se exijan 20 años de experiencia profesional. El Gobierno, a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha rechazado estas ideas calificándolas de “ocurrencias”.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó el martes que la renuncia de García Ortiz inició el proceso de relevo. Este comienza con la solicitud del Gobierno al CGPJ para emitir su informe. Posteriormente, Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que el órgano parlamentario haga su propio examen, aunque tampoco vinculante.

Finalmente, solo quedará el nombramiento formal por parte del Rey, a propuesta del Consejo de Ministros, lo que convertirá a Peramato en la cuarta fiscal general del Estado durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Peramato es progresista y experta en la lucha contra la violencia de género, con el respeto de sus colegas por sus 35 años de trayectoria. No obstante, algunas voces critican una posible “carga ideológica” por su vinculación con la UPF. Su principal desafío será cerrar la brecha interna en el Ministerio Público y recuperar su imagen institucional.