EN ÁVILA

Siete detenidos en una operación contra el tráfico de galgos a los que maltrataban brutalmente

Mataron cruelmente a dos de los animales, uno arrojado desde un tercer piso y otro apaleado

17.06.2017 | 18:05
Un agente de la Guardia Civil con uno de los galgos.

Una operación contra el tráfico ilegal de galgos ha terminado con siete detenidos en el norte de la provincia de Ávila en la 'Operación Chase', que se inició a finales del pasado verano.

Según ha informado la Guardia Civil, los primeros indicios fueron la localización de un animal abandonado por cazadores furtivos en la localidad de Madrigal de las Altas Torres y de un grupo de cazadores furtivos en vigilancia aérea por medio de helicóptero, lo que llevó a detectar la falsificación en los galgos.

El 'modus operandi' consistía en que tras la sustracción de los galgos, éstos eran "probados" para valorar sus condiciones y cualidades para la caza.

LOS NO APTOS, SACRIFICADOS

Aquellos que eran desechados para la práctica de la caza eran abandonados o sacrificados cruelmente, y a los que se les consideraba válidos se les trasladaba a una clínica veterinaria de Madrid donde, tras una pequeña operación de cirugía, les era retirado el microchip intramuscular de identificación, implantándoles otro diferente, lo que permitía la expedición de una cartilla sanitaria canina a nombre del nuevo poseedor del animal.

Estas investigaciones, unidas a la localización de dos cadáveres de galgos, uno arrojado desde un tercer piso y otro muerto apaleado salvajemente, como consta en necropsia realizada por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, permitieron la identificación y localización de los autores, siendo coincidentes con las investigaciones que se llevaban a cabo por parte de la Guardia Civil de Ávila.

Una de las sospechas es que el fin último de los robos pudiera estar relacionado con apuestas ilegales cuyo objeto es la caza con galgo.

Durante el desarrollo de las investigaciones han sido detenidas siete personas e investigadas otras siete, entre ellas un veterinario, por los delitos contra la flora y fauna, falsedad documental, robos y maltrato de animales, habiéndose formulado un total de 147 denuncias administrativas relacionadas con las condiciones higiénico sanitarias, e inspeccionados 258 perros.

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