El Consistorio de Santa Marta insta al Gobierno español a modificar o retirar el 'basurazo'

La corporación municipal de Santa Marta de Tormes ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar la moción de urgencia presentada en el último pleno, con la que se ha instado al Gobierno de España a retirar o modificar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El alcalde, David Mingo, ha defendido que esta normativa «ha convertido a los ayuntamientos en sus recaudadores, porque nosotros no somos los destinatarios finales de los beneficios de esta subida» y ha reiterado su rechazo a una medida que, ha asegurado, «no está exigida por ninguna directiva europea».

Mingo ha recordado que la nueva ley obliga a los consistorios a repercutir el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los vecinos, lo que ha motivado la subida media de 2,89 euros mensuales en la tasa de basura para el 70% de los contribuyentes del municipio. «Nos han impuesto esta tasa sin ofrecer ningún servicio adicional y sin margen para decidir si podemos asumir parte del coste», ha afirmado.

El regidor ha insistido en que la medida «atenta contra la autonomía municipal» al impedir que cada ayuntamiento gestione sus tasas «en el marco jurídico ordinario». «Se ha aplicado lo que no dice ninguna directiva europea y se ha forzado a los municipios a actuar en contra de su propia voluntad», ha subrayado.

Durante su intervención, Mingo ha cuestionado además la falta de un marco claro que permita determinar quién contamina más o menos, como establece la ley. «¿Qué personal tienen los ayuntamientos para elaborar esos informes? Si no lo tenemos nosotros, mucho menos uno pequeño. Es una aberración», ha declarado, reclamando la suspensión de la aplicación de la norma hasta que se regule de manera viable.

El alcalde ha precisado que el impacto económico para los vecinos de Santa Marta rondará los 400.000 euros anuales, una cifra que podría incrementarse en función del volumen de residuos, que suele variar al alza de un año para otro. El primer recibo, ha señalado, se emitirá entre finales de marzo y principios de abril.

Por último, Mingo ha anunciado que la moción será trasladada a la Vicepresidencia de Transición Ecológica, el Congreso de los Diputados, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, con el fin de «hacer visible la oposición de los ayuntamientos a una medida impuesta y sin sentido».

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