Pataleo popular

Al PP y a las instituciones y representantes empresariales de Salamanca solo les queda el derecho al pataleo. Ante los olvidos del Gobierno cualquier intento de reivindicación se convierte en un viaje a la frustración y la melancolía. El ejecutivo sanchista no ha hecho nada por esta provincia en los cinco años que lleva en el poder y no va a cambiar esa política porque, y a los resultados electorales me atengo, le va muy bien volcando toda su enorme capacidad inversora en otros lares, en otras tierras cuyos diputados ostentan los votos necesarios para mantenerle en el poder.

Los diputados y senadores del PP, la Cámara de Comercio, las patronales, el Ayuntamiento, la Diputación y otras entidades y organismos salmantinos representados en los escritos reivindicativos de mejoras en las comunicaciones tienen la obligación de indignarse, de gritar, de exigir y de reclamar el cuarto y el quinto Alvias, la terminación de las obras de electrificación hasta Fuentes de Oñoro, la recuperación de los trenes hacia y desde Portugal o la eliminación de los peligrosos nudos de tráfico a la entrada de la capital, pero creo que todos son conscientes de la inutilidad del esfuerzo. La presión ante Renfe, Adif, Fomento y Moncloa está tan justificada como inútil resulta. Si a Pedro Sánchez le cuadran las cuentas sin destinar a Salamanca ni un euro de tantos miles y miles de millones como le han llegado y le van a seguir llegando de Europa, olvidémonos.

Es algo parecido a lo que le ocurre al presidente de la Junta cuando arremete contra el monclovita en el debate del Estado de la Región, que los puñetazos silban en el vacío porque al del Falcon ni le interesa ni le preocupa lo que se diga en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco se mostró contundente como nunca en su ataque al Frankenstein, pero ahí quedó la cosa, como gritos en el desierto. El presidente regional decía que la política nacional atraviesa momentos de «incertidumbre», aunque la mayoría de castellanos y leoneses, salvo los abducidos por el aparato de propaganda gubernamental, sabemos a dónde conduce tanta incertidumbre: a la seguridad de que Sánchez cederá lo que tenga que ceder, incluida la amnistía, para comprar los votos de su investidura.

Mañueco dio en el clavo cuando apuntó que esa investidura nos va a salir muy cara a los españoles, aunque le faltó matizar: cara nos va a salir a los ciudadanos de las autonomías leales, como Castilla y León, mientras a los españoles de las regiones desleales, secesionistas y golpistas les va a salir muy rentable.

Supongo que el presidente de la Junta se sentía en la necesidad de asegurar que «es innegociable» la igualdad de todos los españoles, «en todos los territorios y en todas las condiciones en derechos y libertades, en servicios públicos y en oportunidades». Así debería ser según la Constitución. Pero la cruda realidad es que los habitantes de los territorios separatistas gozan cada día de más privilegios, y el partido del señor Mañueco tampoco se ha distinguido por corregir esas desigualdades (ni José María Aznar ni Mariano Rajoy llegaron siquiera a intentarlo).

El presidente regional puede ponerse estupendo asegurando, como hizo durante el debate, que su Gobierno no va a ceder «a chantajes de apoyos a cambio de privilegios de unas comunidades sobre otras» pero para eso Castilla y León debería disfrutar de un poder que no tiene. Aquí mandan los que hacen presidente a Sánchez, sean prófugos, ex terroristas o delincuentes secesionistas. Lo demás es un ejercicio de pataleo, que desahoga los espíritus pero no cambia el desagraciado curso de la historia.