La voracidad fiscal del Gobierno sanchista alcanza tales cotas de intensidad que no solo se aplica en la subida de los impuestos estatales, sino que se impone por la vía del ordeno y mando también a los ayuntamientos de todo el país. El Ejecutivo socialcomunista está decidido a arrancarnos la piel a impuestazos para disponer cada año de decenas de miles de millones «a mayores» con los que aplicar su política de compra de voluntades a todos los niveles de la población, desde los jóvenes a los pensionistas, pasando por los más o menos desfavorecidos y acabando en los golpistas y separatistas cuyos votos necesita para subsistir.
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Pero, no contento con su propio apretón fiscal, Sánchez obliga ahora a los consistorios a incrementar el cobro de la tasa de basura, con la excusa de aplicar una directiva europea. Es un truco muy viejo con el que ya no engaña a nadie, porque desde hace tiempo sabemos que hay directivas que se aplican y otras que no. Por ejemplo, una directiva europea obliga a aplicar un porcentaje mínimo de voto de entre el 2 % y el 5 % para tener un escaño de eurodiputado. Sánchez no la aplica porque dejaría sin puestos a sus compañeros nacionalistas catalanes y vascos.
Es la misma excusa a la que se agarró para premiar a medio centenar de asesinos de ETA con una rebaja en sus penas. Lo cierto es que Europa había admitido una aplicación de su directiva que dejaba fuera de los beneficios a los etarras, pero Sánchez los quiere en la calle, y ahí estarán todos más pronto que tarde.
El desenfreno derrochador de este Gobierno lo vamos a pagar los ciudadanos de a pie por partido doble, o triple: en la declaración de la renta, en los impuestos directos y ahora también en las tasas municipales.
No hay ningún motivo para que los salmantinos tengamos que pagar un 31 % más por la recogida de basura en 2025. Ni contaminamos más, ni consumimos más, ni nos van a poner camiones con música de discoteca. Vamos a tener el mismo servicio de siempre, pero mucho más caro, por las santas narices de Sánchez. Y todo por aquel viejo y ya superado eslogan de que «el que contamina paga» (desde hace años la máxima es contaminar lo menos posible). Todo para contentar a los ecologetas de salón que pululan por Bruselas y anidan en el Ministerio de Transición Ecológica de la radical Teresa Ribera. Unos y otros quieren hacernos entender que la ecología del ecologeta con sangre entra, y hay que pagar por sacar la bolsa de basura al contenedor, como si consumir fuera un delito.
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En muchos pueblos de la provincia la nueva normativa tendrá consecuencias todavía más graves, porque muchos no cobran ahora la tasa de basura, porque pueden sufragar el servicio con su presupuesto ordinario, y ahora se verán obligados a cobrarles el coste real de la recogida de residuos a cada uno de los vecinos. Un mal trago para los alcaldes que se las verán moradas para justificar ese golpe a las modestas economías de sus paisanos, en momentos donde tantas familias pasan graves apuros para llegar a fin de mes.
Menos mal que el consistorio de la capital va a paliar de alguna manera el «basurazo» con la congelación de los grandes impuestos municipales, el de Bienes Inmuebles, el impuesto sobre Vehículos o el de Actividades Económicas. La del PP es la filosofía contraria a la del Partido Sanchista: se trata de hacer más con menos, o a lo sumo con el mismo presupuesto, buscando la eficiencia en lugar del despilfarro. Los ministros de Sánchez solo piensan en recaudar más para gastar más, sin que sepamos nunca en qué se lo gastan, aparte de pagarle sueldos y pisos a sus parejas.
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