Quién paga la receta

Da igual que hablemos de incendios, que de medicamentos o trenes. Todo lo trasladamos a la política y todo nos sirve para jugar a las responsabilidades, las culpas, las competencias…

La última -o la penúltima- polémica en torno a cosas que no funcionan del todo bien y se discute sobre si es responsabilidad del Gobierno o de las comunidades autónomas ha sido la prescripción de medicamentos a personas que se encuentran fuera de su comunidad.

La chispa la ha prendido un tuitero contando que acudió a Urgencias con su madre, que miraron con recelo su tarjeta sanitaria de madrileño y que le ha tocado pagar de su bolsillo los medicamentos prescritos porque cada comunidad funciona a su manera. Posteriormente, el ministro Óscar Puente sopla un poquito para avivar la llama con sus 275.000 fieles en X y deja que fluya la magia de la red social más faltona. Puente dice que es un bulo y se abre el debate sobre si es una invención o si le ha pasado a más gente.

La realidad es que hay comunidades en la que esto no es posible y otras en las que sí han logrado conectar sus recetas electrónicas, de manera que un médico pueda prescribir fármacos en la receta de un paciente desplazado, bien sea porque habilitan una receta electrónica temporal para desplazados o porque, sencillamente, sus sistemas informáticos son similares y se entienden perfectamente

En Castilla y León -por ejemplo- se le podría recetar un fármaco a un paciente desplazado si fuera con una receta de papel, pero tampoco es posible en todos los centros sanitarios. En un punto de atención continuada, puede que sí; pero en las Urgencias hospitalarias ya no hay papeles. No queda más remedio que indicar al paciente el medicamento que tiene que comprar, pagarlo de su bolsillo y después reclamar la devolución al sistema sanitario de su comunidad.

El caso es que es un escenario perfecto para liar el debate sobre si es culpa de las autonomías que no se han preocupado de arreglar este problema, o si debería ser el Ministerio el que alguna vez agarrara el toro por los cuernos y creara una ley de rango nacional para engendrar una receta electrónica única. Realmente se podría hacer una ley así, pero ¿quién financiaría luego la puesta en marcha? Seguramente, a eso se reduce todo.

Sucedió algo parecido cuando se creó la aplicación Radar Covid. El Gobierno anunció que ya estaba creada y lista para su implantación, que dependía de las autonomías. Sinceramente, la idea me parecía buena -quizás, hasta demasiado avanzada para nosotros pero el resultado es que apenas llegó a notificar un 1% de los contagios.

Hace un par de semanas, la ministra de Sanidad -Mónica García- apuntó en redes sociales que ya era posible consultar la historia clínica de un paciente de cualquier parte de España y desde cualquier parte de España. La respuesta de los médicos fue que hacía ya tiempo que existía un acceso a datos de pacientes desplazados, pero que «solo permite ver cachos» de la historia y que obliga a ir «servicio por servicio, o prueba por prueba» para intentar hacerse una idea del estado del paciente… «y eso cuando no te da un error para acceder».

Apuntan los más veteranos que, con la evolución de las inteligencias artificiales, que son capaces de programar lo inimaginable, no debería ser tan complicado una armonía entre sistemas informáticos y sistemas sanitarios, pero se tocarían terrenos pantanosos: por un lado la propiedad de los datos de salud de sus ciudadanos -otra jugosísima arma arrojadiza a nivel político- y por otra parte, los nichos de desarrollo de aplicaciones informáticas asentados en casi todas las comunidades y que mueven grandes cantidades de dinero con resultados, como mínimo, cuestionables.