Riesgo para miles de comunidades de vecinos de perder la ayuda del gas

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de Ahorro Vecinal no llegará a todas las comunidades de vecinos con caldera de gas de Salamanca. Es “materialmente imposible” que los 6.300 bloques candidatos reúnan los requisitos el 30 de septiembre del año que viene, excluyéndoles así de la rebaja del gas que puede llegar al 50% del coste de la factura habitual, que será abonado por el Gobierno.

El motivo es que la nueva ley impone a los propietarios la instalación de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes, que deben estar operativos en el plazo de un año. Es un tiempo insuficiente tanto por la disponibilidad de las empresas instaladoras, que arrastran un problema de mano de obra, como por el suministro de material y el dinero que tendrán que aportar los vecinos.

“Desde luego todos sabemos cuál es la situación económica y empresarial. Según nos cuentan los instaladores, no tienen capacidad ni material para sumir esta tarea”, apunta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández, quien ayer reconocía su perplejidad tras leer el Decreto que regula la medida.

El colectivo pedía incluir a las comunidades de vecinos con caldera de gas en la tarifa TUR de las calderas individuales, que rebaja hasta cinco veces el precio de este combustible. En cambio se ha creado una tarifa específica que a su juicio discrimina a las comunidades al exigirles, además de los repartidores, que superen una inspección de eficiencia energética.

“No todos los cuartos de caldera reúnen las condiciones, porque superar las inspecciones requiere tiempo e implementación. Si el resultado es negativo, además tendrán que hacer obras e invertir más dinero”, explica Hernández.

Las quejas del colectivo también se centran en que se imponen los repartidores a pesar de que la instalación no sea económicamente viable, un punto que sí se tuvo en cuenta en la directiva europea que impuso la instalación de estos sistemas hace dos años. “¿Ahora esa situación ya no importa para obtener un descuento en el precio?”, se pregunta el responsable de los administradores de fincas.

Los vecinos denuncian que las medidas que se han impuesto suponen para ellos un esfuerzo “exagerado, desproporcionado e injustificado”, que no se exige a nivel nacional a los 6 millones de familias que en sus hogares tienen caldera individual. Por otro lado, los propietarios también rechazan como medida de ahorro los repartidores de calefacción, ya que a su juicio el ahorro se produce por una reducción de las horas de calor y, por tanto, del confort, no por una mejora en la eficiencia energética.

Por otro lado, los instaladores consultados por este periódico también dudan de que puedan asumir la enorme demanda de colocación de repartidores que se les avecina, ya que superará sus capacidades. No obstante, la ministra de Transición Ecológica asegura que habrá una ayuda de 40 millones de euros para facilitar el desembolso en estos elementos por parte de los hogares.

Cabe destacar que las comunidades que sí reúnan los requisitos exigidos por el Decreto que regula la TUR Ahorro Vecinal pueden aprovecharse de la medida desde este jueves, cuando entró en vigor. En concreto, se aplicará a través del cálculo del consumo medio de la comunidad de vecinos de los últimos cinco años. Sobre el 70% de ese consumo se aplica un descuento del 40%, mientras que sobre el 30% restante se seguirá pagando el precio del gas a precio de mercado libre.

Es importante destacar que el Gobierno plantea, además, una penalización para aquellos bloques de vecinos que superen el gasto medio del último lustro para fomentar que las viviendas tomen medidas de ahorro energético. El incremento del gasto pagará una nueva tarifa más un 25%, que se dividirá en ocho subtramos de consumo.

Por último, hay que advertir que aquellas comunidades que hayan solicitado la ayuda y que en septiembre de 2023 no hayan aplicado la ley que las obliga a cambiar el contador colectivo por contadores individuales -uno por piso- o repartidores de costes se verán penalizadas con el 25% del ahorro que hayan acumulado desde que se acogieron a la nueva tarifa.

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