El gran fracaso del Ingreso Mínimo Vital: se rechazan dos de cada tres peticiones

El fracaso en la puesta en marcha y desarrollo del Ingreso Mínimo Vital lo están sufriendo no solo las familias con necesidades o las ONG, que han multiplicado las prestaciones de primera necesidad y el asesoramiento a los afectados. También ha complicado la labor de otras administraciones públicas, que han de hacer frente a un incremento de personas que requieren ayudas de emergencia o complementos económicos para cubrir necesidades básicas, ya que la prestación estatal les ha sido rechazado, tarda mucho tiempo en concederse o resulta insuficiente en su cuantía para subsistir.

Los datos confirman que el Gobierno ha resuelto ya 6.603 peticiones en Salamanca, pero solo 2.167 han recibido el visto bueno. El resto, 4.436, el 67% del total, han sido rechazadas. Además, hay otros 1.946 expedientes tramitándose, un tiempo durante el que los posibles beneficiarios no pueden optar a otras ayudas de similares características, como la Renta Garantizada de la Junta. El otro problema que ha generado la nueva prestación estatal reside en que las cuantías para los perceptores suele ser inferior a la prevista, incluso a la que recibían de la Renta Garantizada. La media en Salamanca, según datos del Gobierno, es de 450,63 euros, por debajo, por ejemplo, del mínimo establecido en la ayuda regional, que es de 451,92 euros. Hay que recordar que los beneficiarios de la Renta Garantizada estaban obligados a pedir el Ingreso Mínimo y solo en caso de ser rechazada o cuantía inferior, se les otorgaba de nuevo la ayuda autonómica.

El fiasco de la nueva prestación ha supuesto un sobresfuerzo para otras administraciones. La Diputación ha tenido que repartir el triple de ayudas de emergencia de lo habitual. Situación parecida se vive en el Ayuntamiento de la capital salmantina. En 2021, y hasta el pasado 15 de mayo, ya habían concedido 486 ayudas de emergencia, cifra superior a las 404 del mismo periodo de 2020, teniendo en cuenta que a esas alturas del año pasado ya había pandemia y el Ingreso Mínimo no estaba en marcha —entró en vigor el 1 de junio—. En el caso de la Junta, ha tenido que completar la prestación estatal a 113 salmantinos por su baja cuantía, ya que por el Ingreso Mínimo solo les correspondían 341 euros al mes, por lo que han tenido que pagarles un extra de 204 euros de media a cada uno.

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, reconoce el impacto del Ingreso Mínimo Vital. “Personas que con la Renta Garantizada podían hacer frente a las necesidades básicas, ahora necesitan ayudas de emergencia para complementar el Ingreso Mínimo o se quedan sin ninguna porque la resolución se demora muchos meses”, explica. Por eso denuncia que la iniciativa del Gobierno está suponiendo un quebradero de cabeza para todos. “En Salamanca no ha solucionado nada y ha generado problemas donde no los había”, sentencia.

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