Salamanca está sufriendo una de las oleadas de incendios más graves que se recuerdan. Son miles de hectáreas las calcinadas en la última semana, una ... auténtica catástrofe natural. Todavía no se conoce la extensión exacta del terreno calcinado, pero estamos ante un desastre medio ambiental de proporciones gigantescas.
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Las últimas jornadas, con altísimas temperaturas, nos han traído a la memoria los tiempos negros en los que los montes ardían sin remedio. Tras el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora, que fue uno de los más pavorosos de la historia de España, lo que está ocurriendo en la sierra salmantina lleva camino de convertirse en otra tragedia. Con el agravante de que afecta a una zona despoblada, cuyo futuro ya estaba en entredicho antes de comenzar a arder el monte.
En Castilla y León es la Junta la que tiene las competencias, y se supone que los medios, para combatir cada verano los incendios en los campos y en los bosques de la Comunidad. Como cada año, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecía al inicio de la temporada para anunciar el fabuloso despliegue de aparatos y efectivos para hacer frente a la campaña de incendios forestales. Luego ha resultado que la Comunidad está ardiendo por los cuatro costados y no se asumen responsabilidades. Lo único que ocurre es que miles de salmantinos y castellanos y leoneses pierden sus casas, sus enseres, sus cosechas y sus montes.
No creo que el consejero tenga toda la culpa del desastre natural y ecológico que estamos sufriendo. No apoyo tampoco las peticiones de dimisión que se suceden estos días, tanto de algunos representantes de los trabajadores de los servicios de extinción de incendios como de la oposición. Sin embargo, sí creo que Suárez-Quiñones debería tomar nota de la catástrofe que estamos viviendo para poner remedio de cara a los años sucesivos. No estoy seguro de que haga falta mantener contratados a todos los eventuales que conforman el operativo contra el fuego en verano, pero sí parece imperiosamente necesario reforzar las labores de limpieza del monte y el mantenimiento y ampliación de los cortafuegos durante el invierno. La despoblación en las comarcas más arboladas, el abandono de las actividades de pastoreo y la elevación de las temperaturas por el cambio climático exigen que la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco adopte medidas extraordinarias. Lo malo no es solo lo que está ocurriendo este verano: lo peor es que, si no se pone remedio, en los años sucesivos podemos sufrir incendios todavía más destructivos.
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La proliferación de fuegos como los que están asolando la sierra de Salamanca demuestra la incapacidad del Gobierno regional para proteger los bosques. Aquí falta inversión, faltan operarios o falta capacidad de organización. O todo junto. La descoordinación entre todas las administraciones (los pueblos donde hay retenes antiincendios, la Diputación, la Junta y el Gobierno central) provoca que las labores de extinción se ralenticen y que haya momentos en los que nadie sepa quién es responsable de qué. Si a eso le unimos que, con las sucesivas crisis que vivimos desde 2008, las administraciones han recortado la inversión en contratación de personal especializado, medios terrestres y aéreos, labores de limpieza de maleza inflamable y mantenimiento de los cortafuegos, concluimos en una situación de impotencia, que puede acabar con la destrucción parajes privilegiados como los que confluyen en la raya entre Salamanca y Cáceres.
Los últimos incendios parece que han sido provocados por tormentas secas, pero uno de los grandes fallos en la lucha contra los incendios viene siendo la impunidad de los pirómanos. Si la labor de extinción va de aquella manera, la de perseguir el delito sencillamente no va.
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Todos perdemos cuando arde el monte, ese patrimonio natural que deberíamos dejar en herencia a nuestros hijos.
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