Estoy ante un gran dilema: si escribo sobre la idea de poner topes a los precios de los alimentos, entro en el juego de la ... vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que lo que pretende es notoriedad. Y, si no escribo, parece como si quisiese obviar un tema que para muchos es de actualidad, a la par que una medida populista. Al final he decidido que entro en el asunto. Primera idea: ¿qué competencias tiene la “vice” segunda para plantear la idea de poner topes a los precios de los alimentos? Salvo mejor opinión, ninguna, porque ella es ministra de Trabajo. Es verdad que también es la vicepresidenta segunda del Gobierno. Si ha actuado como tal, hay que preguntarse si lo había pactado con Pedro Sánchez, el presidente, y Nadia Calviño, la “vice” primera. En cualquier caso parece obvio que estos dos últimos son los únicos que, por escalafón, pueden confirmar que es una medida asumida por el Gobierno o, por el contrario, que no la apoyan. Si Yolanda dice que no ha planteado esta medida como “vice”, sino para dar alas a su proyecto político, cabe preguntarse por qué utiliza los recursos gubernamentales y convoca a los súper e híper en su calidad de “vice” y ministra de Trabajo.
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Segunda idea: ¿esa medida es acorde con la Constitución, o no? Todo apunta a que no lo es, porque atenta contra el libre mercado. Además, no solo eso, porque si la distribución alcanza acuerdos para bajar los precios nos encontraríamos con una situación que iría contra la normativa española y europea en materia de competencia. Tercera idea: vamos a suponer que se ponen topes a los precios de productos alimentarios básicos y que son más bajos que los costes de producción de los agricultores y ganaderos. Eso es algo que está prohibido por la Ley de la Cadena Alimentaria, que “vende” como un éxito un día sí y otro también el ministro de Agricultura. Por cierto, que Luis Planas ha vuelto a desaparecer después de la iniciativa planteada por Yolanda Díaz.
Y, para finalizar, vamos con la realidad, que es tozuda. Por la confluencia de diversos factores, los precios de la mayor parte de los alimentos van a seguir caros. Varios ejemplos: los precios en origen del aceite de oliva siguen subiendo y continuarán así los próximos meses porque la producción va a caer en picado; otro tanto sucede con los de la leche y sus derivados y algunas carnes. Si el Gobierno pone tope a los mismos, ¿quién va a pagar la factura, los agricultores y ganaderos? Eso supondría que dejarán de producir, como ya sucede en el caso de la leche de vaca, porque sus gastos son superiores a los ingresos. ¿Hará frente a esa factura la distribución? Puede que un poco sí, pero todo tiene un límite. Que todos queremos alimentos más baratos es un hecho, lo mismo que la luz, el transporte y el teléfono y el... El problema está en quién lo paga entonces.
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