Pagar por una cita

Con la llegada de Pedro Sánchez al poder el servicio ha ido degenerando hasta convertirse en la Inseguridad Social, donde lo único seguro es que para conseguir una cita tendrás que armarte de paciencia, habilidad y rapidez, o pagar a un espabilado que lo haga por ti.

Lo que cuenta hoy en este periódico Carlos Rincón es un auténtico escándalo. Cientos o miles de salmantinos llevan meses sufriendo el colapso de las oficinas del INSS de Canalejas. Cientos o miles de ciudadanos que tardan semanas, incluso meses, tan solo para conseguir unos minutos de atención del funcionario de turno. Cientos o miles de sufridos contribuyentes que tardan semanas, incluso varios meses, en tramitar los papeles de su jubilación, tras decenas de años cotizando religiosamente.

El colmo es tener que pagar para que te reciban en las oficinas de tu Gobierno. Y eso está ocurriendo en Salamanca y en España. Ya hay una panda de listillos que se ofrecen a gestionar la cita previa por un precio que va de los 2 a los 25 euros. Esta es la forma en la que el Ministerio de José Luis Escrivá fomenta el empleo y la creación de riqueza, ofreciendo un servicio tan desastroso que los administrados han de recurrir a la iniciativa privada para hacer valer sus derechos. Y así se mueve el dinero, aunque me temo que estos pagos circulan por canales oscuros, tirando a negros.

Si la cosa se pone muy fea y el paciente salmantino no consigue ni por esas una cita con los subordinados de Escrivá, siempre le quedará el recurso de llamar a la Policía, como hizo un zaragozano que se ha hecho famoso por acudir a los agentes después de intentar en vano ser recibido en las oficinas de la SS (la de Sánchez, no la de los nazis) durante más de tres meses. El hombre estaba temiendo que llegara la parca con la guadaña antes de cobrar la primera pensión y estaba hasta los mismísimos de llamar en vano a teléfonos supuestamente gratuitos y que eran de pago. No solo no cobraba sino que perdía dinero.

En fin, que alguien del Gobierno sanchista debería salir a explicarnos qué está pasando en Canalejas y en el resto de oficinas de la Inseguridad Social en toda España. A ver cómo es posible que en Salamanca hayan desaparecido el 23% de los funcionarios de las oficinas del Ministerio cuando en España hay ahora 400.000 empleados públicos más que hace tres años. Parece que con tanta tecnología, con tanto hágaselo usted mismo por Internet y tanto expediente digital, en lugar de avanzar vamos para atrás.

Es un problema general de los servicios públicos en este país de contradicciones. Cada vez pagamos más a más gente por menos.

Algo parecido puede ocurrir con la atención sanitaria y la educación en Salamanca y en toda Castilla y León a partir de junio, cuando comience a aplicarse la jornada de 35 horas semanales. Pensar, como decía el pasado martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que con dos horas y media menos a la semana el personal sanitario y docente va a rendir lo mismo, supone hacerse trampas en el solitario. Por mucho dinero que inviertan, la atención personal va a deteriorarse sí o sí. Y no estamos en estos momentos como para rebajar el nivel, sobre todo en la sanidad, cuyas costuras están a punto de estallar.