Aquí en Salamanca estamos esperando que lleguen nuevas empresas para salir del marasmo en que hemos encallado durante la crisis eterna que nos sacude desde ... 2008 pero, pese a los jeques que nos visitan y las dudosas promesas de sueños dorados, no se atisban nuevos negocios en el horizonte. Podemos consolarnos cuando una fábrica de hamburguesas anuncia doscientos puestos de trabajo en Ciudad Rodrigo, y sin embargo necesitamos mucho más que eso para revertir la tendencia a la despoblación que marca a hierro nuestro futuro. Cada año las estadísticas marcan a fuego la pérdida de habitantes y todas las medidas que se adoptan para frenar la sangría se antojan inútiles.
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Y eso que tenemos la suerte de que las instituciones de la provincia creen en la iniciativa privada y están dispuestas a poner todo de su parte para conseguir atraer inversiones. La Diputación y los principales ayuntamientos ponen todo de su parte para facilitar la instalación de compañías inversoras pero, a la vista de los resultados, no resulta suficiente.
Algo está fallando y puede que no sea culpa de los dirigentes locales.
Quizás tenga algo que ver el hecho de que Castilla y León haya dejado de ser una región ‘friendly’ para los negocios desde el momento en que la Consejería de Trabajo, controlada por Vox a través del consejero Mario Veganzones, ha roto dos décadas de paz social con los empresarios y los sindicatos al recortarles las subvenciones que venían recibiendo de la Junta. Ya no podemos exhibir esa ventaja respecto a otras comunidades autónomas de España. A eso hay que añadir el carácter hostil ante las grandes empresas que demuestra el Gobierno sanchista-comunista. Casi todos los proyectos capaces de crear miles de empleos provienen de multinacionales cuyos dirigentes saben que la seguridad normativa en España ha pasado a mejor vida y que el Ejecutivo de la nación está empeñado en perseguir a los empresarios como si fueran delincuentes.
Es muy difícil que a Salamanca lleguen grandes proyectos capaces de crear empleo cuando las marcas nacionales están huyendo del país como de la peste. Ferrovial ha marcado el camino al decidir llevarse la sede a Holanda, donde a la constructora no la freirán a impuestos ni le cambiarán las reglas del juego económico a mitad de partido, como ocurre aquí. Una encuesta planteada en los últimos días en el digital de este periódico confirma que siete de cada diez salmantinos entienden la decisión de Rafael del Pino de llevarse el negocio a Países Bajos. Cualquiera en su lugar haría lo mismo: aquí no me quieren, aquí los ministros me insultan, me persiguen, me consideran un ‘enemigo del pueblo’, así que ¿qué hago yo aquí?
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El precio de tener a los mandos de la nave nacional a comunistas bolivarianos junto a una versión populista del peor socialismo es demasiado elevado. Algunos incautos, entre los que me incluyo, pensamos en su día que la inclusión de Nadia Calviño como estandarte de la política económica del Gobierno tendría un efecto moderador en las ínfulas bolcheviques del Ejecutivo sanchista, pero la realidad ha venido a desmentir nuestros más cándidos sueños. La vicepresidenta no solo ha fracasado en su cometido de atemperar las acometidas de la facción marxista, sino que ha acabado subyugada por sus influencias. Solo así puede entenderse que Calviño haya acabado arremetiendo contra Ferrovial tras su decisión de trasladar la sede, en lugar de recapacitar y pensar qué errores está cometiendo para que algunas de las más importantes marcas nacionales estén sintiéndose perseguidas en su tierra. Mientras esto no cambie, aquí seguiremos esperando a míster Marshall.
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