La maniobra legal de Vox Castilla y León para impedir la retirada de símbolos franquistas no le hace ningún bien al partido de Santiago Abascal. ... Los procuradores de la formación verde en las Cortes regionales han registrado una propuesta para incluir en el Inventario de Bienes de Interés Cultural 190 escudos, cruces, pabellones, placas, inscripciones y monolitos colocados durante la dictadura, veinte de ellos en Salamanca capital y provincia. De esta forma, pretenden bloquear cualquier intento de retirada por parte de las instituciones públicas y privadas a las que obliga la Ley de Memoria Democrática aprobada hace tres meses.
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Iniciativas como esta espolean las críticas de quienes consideran a los de Vox como nostálgicos del franquismo y no creo que esa defensa de las águilas, yugos y flechas les vaya a reportar votos en las próximas contiendas electorales. Más bien al contrario.
Ahora que el vicepresidente de la Junta lleva una temporada acogido al silencio, que es lo mejor que puede hacer para mejorar la imagen de los verdes, los parlamentarios regionales, encabezados por el salmantino Carlos Méndez, se meten en otro charco del que solo pueden salir embarrados.
Porque una cosa es mostrarse contrarios a leyes como la de Memoria Histórica y su secuela, la de Memoria Democrática, y otra muy diferente mostrar cariño con los vestigios de la dictadura. En todo caso, los de Vox tienen razón cuando se quejan de que las leyes de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez representan lo peor del revanchismo de la extrema izquierda empeñada en dividir en dos a España, antes de trocearla a petición de los separatistas vascos y los golpistas catalanes. Pero esa norma está en vigor (la segunda), entre otros motivos porque Mariano Rajoy ‘se olvidó’ de derogarla (la primera) cuanto tuvo mayoría absoluta. Incluso aceptando que era necesario recuperar e identificar a los que fueron asesinados y enterrados en cunetas, sobra casi todo lo demás de esas leyes de Desmemoria, cuyo objetivo, aparte de enfrentar a los españoles, es reescribir la historia como venganza. Un disparate, vamos.
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Pese a lo cual, medidas como la adoptada por el grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León vienen a empañar otras de mérito de la formación de Abascal, como la visita del consejero de Cultura a la Muralla de Ciudad Rodrigo a los pocos días de producirse los últimos derrumbes. Un viaje que con toda probabilidad ha sido el aliciente que necesitaba el Gobierno sanchista para tomarse en serio el deterioro de un monumento cuya conservación corresponde al Ministerio de Cultura. Esa presencia, junto con las informaciones de LA GACETA denunciando el olvido ministerial, ha provocado que aparezca de la nada un Plan Director del departamento que preside Miguel Iceta. Un estudio que, de existir, debería haber contado con la opinión, o al menos el conocimiento, de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Miróbriga, pero que se está cocinando en la sombra, a espaldas de los ciudadanos cuya vida está siendo puesta en peligro con la caída frecuente de grandes bloques de piedras.
Los representantes del Ministerio y la subdelegada del Gobierno se presentaron en la ciudad a toda prisa y sin avisar, como viene siendo norma en las escasas visitas de altos cargos del Ejecutivo a Salamanca. Ahora solo falta que tengan la decencia de actuar con rapidez para evitar el deterioro de los muros, con plan director o sin él. Con un pellizco que le quiten a esos catorce millones de euros dedicados este año a la Desmemoria, basta y sobra.
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