En el nebuloso asunto del Congreso de Peace City World en Salamanca lo primero es separar el grano de la paja.
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El grano es que ... el evento se celebró con éxito de participación, que los inversores y los jeques o sus representantes acudieron a la capital y durante cinco días aportaron sus buenos dineros a la hostelería local, con un gasto mínimo por parte del Ayuntamiento.
Y la paja es la polémica que se ha suscitado tras descubrirse que el enlace del Consistorio con el organismo internacional ha trampeado su currículo y ha podido cometer un delito al falsear el título de Económicas de la Universidad.
La primera conclusión, por tanto, es que Salamanca ha salido ganando en el terreno económico y el hecho de que el faraónico proyecto de construir una ciudad paralela con quince mil millones de euros no se lleve a cabo no supondría ninguna estafa, sino una remota, remotísima posibilidad perdida. De hecho, la mayoría de los participantes por la parte salmantina desde el primer momento consideraron el megaproyecto como una posibilidad entre mil a la que tampoco podían negarse siempre que no les supusiera un coste.
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Lo más sorprendente del conflicto es que el Ayuntamiento, la Diputación y otros consistorios hayan decidido retirarse del protocolo firmado con Peace City a raíz de la destitución de la persona contratada por la Sociedad de Turismo municipal, para entre otros cometidos, traer a Salamanca congresos como el celebrado hace dos semanas. El hecho de que haya mentido en su currículo no invalida la gestión exitosa de un evento beneficioso para la ciudad ni resta ni suma posibilidades de que alguno de los empresarios presentes decida finalmente invertir en ese proyecto ‘faraónico’ o en cualquier otro polígono o empresa local.
Con la retirada de un protocolo que en realidad no obliga a nada (solo es un marco sin fuerza legal que expresa una voluntad de colaboración) las instituciones salmantinas corren el peligro de transmitir la idea de que el congreso fue una estafa o al menos un asunto del que conviene salir por piernas cuanto antes. Lo único relevante que ha ocurrido desde que los consistorios firmaron ese entendimiento con PCW es la constatación de las trampas curriculares del empleado encargado de la organización, y esa circunstancia no invalida la posibilidad de que se produzca el ‘milagro’ de un proyecto de inversión, ni compromete a los consistorios a desembolso alguno que pueda suponer un menoscabo para sus arcas. Y si detrás de esa drástica decisión se esconde el convencimiento, basado en hechos, de que el apoyo de las instituciones salmantinas a Peace City puede ser utilizado para engañar a otras administraciones o a otros inversores, los ‘renunciantes’ deberían explicarlo así.
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Todo indica que el Ayuntamiento ha acabado cediendo a la presión mediática que ha pretendido convertir el congreso en un escándalo y ha querido cortar por lo sano.
A esto se añade la tensión interna dentro del equipo municipal provocada por esa minicrisis. El concejal Fernando Castaño se equivocó confiando en la persona de José María Fuentes y ese error le ha llevado a poner su cargo a disposición del alcalde, Carlos García Carbayo, en un gesto quizás demasiado exagerado, pues al fin y al cabo el Consistorio no ha sido estafado, aunque se haya producido un daño de imagen.
Hasta aquí llegaron las aguas y no deberían subir más. A los salmantinos lo que les interesa es que su dinero sea gastado con buen criterio, y si el futuro depara alguna inversión interesante, pues mil sobre hojuelas.
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